En días recientes se publicaron los datos del comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. Según los informes, desde 2018 se reporta un crecimiento sostenido de este indicador, aun en los momentos de mayor incertidumbre a nivel global, producto de la pandemia. Al primer semestre del año 2022, el país recibió 27 mil millones de dólares (mmdd) por este concepto, que se suman a los más de 125.2 mmdd recibidos durante la actual administración.
Entre las principales razones que explican dicho comportamiento, además de la ubicación estratégica de nuestro país, que con sus 2 millones de kilómetros cuadrados conecta a América Latina con Norteamérica, y con su extensa línea costera forma un puente natural que vincula el Atlántico con la región Asia- Pacífico, destacan las políticas económicas de largo plazo que se impulsan en el país, tales como: la ampliación del mercado interno, la inversión en infraestructura por parte del Estado mexicano, y las políticas de mayor transparencia del ejercicio público.
Si bien, este indicador impacta de manera positiva sobre la balanza de pagos de nuestro país, asumir que la entrada de IED per se es benéfica para la sociedad mexicana es un error. Más cuando la historia económica nos ha mostrado que los mayores flujos de inversión reportados en el país se han dado con motivo de los procesos de privatización de empresas públicas que pasaron a manos de privados nacionales y extranjeros. De ahí que un correcto ejercicio de evaluación requiere cuando menos, analizar tres elementos: 1) que los montos de inversión extranjera sean destinados a nuevos proyectos productivos y no se traten solamente de adquisiciones empresariales (que una empresa compre otra previamente instalada), ni fusiones entre empresas; 2) que las nuevas inversiones efectivamente generen nuevos empleos, pues muchas veces esto no se traduce de manera directa en la generación de más empleos, ni en empleos de mejor calidad; 3) que se paguen de forma justa y oportuna los impuestos correspondientes por esas operaciones.
Respecto al primer punto, se tiene suficiente documentación para afirmar que una parte importante de las inversiones extranjeras que ingresaron al país desde la década de los noventa, corresponden a fusiones y adquisiciones, que no representaron necesariamente cuantiosas inversiones productivas, pero si un cambio patrimonial. Recordemos que fue en este periodo cuando se da el mayor número de privatizaciones en el país, y como tal, el lapso en el que más empresas multinacionales arribaron a nuestro territorio. Situación que se vincula con el segundo inciso ya que se tiene registro de que la venta de empresas públicas en favor de privados extranjeros, lejos de aumentar los niveles de empleo prometidos, provocaron despidos vinculados con la reestructuración de las empresas, por el desplazamiento de la fuerza de trabajo que se produjo con la incorporación de los nuevos sistemas de producción traídos desde otros países; así como por la sustitución de proveedores locales que participaban en los eslabonamientos productivos generados en el país.
El inciso tres nos invita a cuestionar la política de desregulación de capitales, impulsada por los gobiernos neoliberales, que hizo permisible que las empresas extranjeras se valieran de ciertas maniobras para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. La venta de Banamex a Citigroup es un caso emblemático, al permitir a estas empresas financieras ahorrarse el pago de más de 3 mil millones de dólares por concepto de impuestos, durante la administración de Vicente Fox. Haciendo uso de un mecanismo de compra-venta en la Bolsa de valores, supuestamente legal.
Estos apuntes históricos tienen como propósito despertar la cautela de las y los mexicanos que estiman a la IED como un indicador de progreso por sí mismo. Pues si bien, el arribo histórico que se reporta en estos momentos de pandemia es una señal de que nuestro país presenta condiciones de estabilidad y confianza económica -y no resultado de una política económica de crecimiento hacia el exterior como sucedió en décadas pasadas- no se puede ignorar que los niveles de concentración de la riqueza se dispararon con la llegada de las empresas trasnacionales a territorio nacional. Por lo que bien valdría revisar los mecanismos de regulación de capitales con los que se cuenta, para que el arribo de estas inversiones traiga consigo mejoras para las y los mexicanos, y no solo beneficios para los inversores.
