“Desde hace casi una década en el estado de Coahuila se han perpetrado cientos de casos de tortura, asesinatos y desapariciones en los que no sólo están involucrados grupos delincuenciales, sino los propios cuerpos de seguridad del gobierno, en un fenómeno que puede considerarse ‘crímenes de lesa humanidad’ por la regularidad y el patrón de conducta de quienes los cometen”, afirmaron organizaciones civiles y de derechos humanos, este martes, durante las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que comenzaron en Montevideo, Uruguay, y concluirán el viernes.
Lo anterior se dio a conocer ante la relatora especial de la CIDH para México, Esmeralda de Troitiño, en voz de integrantes de diversos colectivos –como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios–, quienes señalaron que “desde 2006 hay registro de mil 831 personas desaparecidas en Coahuila, que se suman a miles de casos más de ejecución extrajudicial y tortura”.
Además, indicaron que los delitos cometidos sucedieron entre 2009 y 2016, viéndose involucrados elementos de las policías estatales, quienes actuaron en complicidad con el grupo delictivo Los Zetas, “en una dinámica que alcanzó el grado de crímenes de lesa humanidad, debido a que no se trató de actos de violencia aislados, sino sistemáticos”, señalaron.
Recordando que la corrupción de las autoridades se vio reflejada en la masacre de Allende, los activistas recordaron que ahí pudieron haber sido asesinadas hasta 300 personas por supuestos narcotraficantes, “con anuencia de la policía estatal”.
Señalaron también la utilización del penal de Piedras Negras como centro de operaciones de Los Zetas, “quienes almacenaron y distribuyeron drogas desde ese sitio, además de asesinar y desaparecer personas”.
Por lo que afirmaron, “el Estado es un miembro activo de la delincuencia”, sobre todo mediante corporaciones policiacas como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, después rebautizado como Fuerza Coahuila.
En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, condenó esos actos de violencia y destacó que “hay avances legislativos importantes, como las leyes generales contra la tortura y la desaparición”.
Otros representantes del Estado mexicano subrayaron que “los ilícitos en Coahuila no pueden considerarse crímenes de lesa humanidad” y afirmaron que “no hay impunidad, ya que en muchos delitos existen responsables juzgados y sentenciados”.
