(21 de octubre, 2014).- Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, advirtió ante la Cámara de Diputados, que durante las primeras 72 horas del ataque a los normalistas por parte de la policía municipal de Iguala, Guerrero, se contaba con elementos suficientes para decretar que se trataba de desaparición forzada; sin embargo, el gobierno no ejecutó los protocolos para la búsqueda.
De igual forma, tampoco se aplicaron protocolos internacionales durante la exhumación de los restos encontrados en fosas clandestinas, restando credibilidad a los resultados de la investigación.
La comisión especial de la Cámara de Diputados que se ha encargado de investigar el caso, ha indicado que para afirmar la desaparición forzada se requieren los siguientes elementos: privación de la libertad, que ésta sea a manos de una autoridad, y la negación del paradero de las víctimas.
Según Peña Palacios, dichos elementos se habían confirmado en las primeras 72 horas de la desaparición, sin que las autoridades llevaran a cabo acciones oportunas.
De esta manera, el representante de la ONU ha exhortado a investigar por qué el Ejército y la policía estatal no acudieron en defensa de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, si justamente en el centro de Iguala se ubica el 27 batallón de infantería, y el gobierno de Ángel Aguirre ya se había enterado del ataque.
Por otra parte, la Comisión de Gobernación del Senado realizó una sesión para considerar la desaparición de poderes en Guerrero, que fuera solicitada por el Partido Acción Nacional (PAN); sin embargo, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alegaron que sería una medida inconstitucional.
Los priistas propusieron que Aguirre solicite licencia al cargo de mandatario estatal en Guerrero, en lugar de llevar a cabo la desaparición de poderes.
En tanto, el perredista y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, mencionó que si los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero “están instalados y funcionando, la declaración de que han desaparecido no es procedente”.
