El actual gobierno “no quiere tener nada que ver con Ayotzinapa, lo único que quiere es terminar el mandato con este caso sin resolver”, reclamó el abogado defensor de los padres de los 43 normalistas rurales desaparecidos.
Ante la revelación de las escuchas telefónicas realizadas por el gobierno de Estados Unidos a integrantes de la banda criminal en donde se confirma que capos radicados en Chicago siguieron en tiempo real el ataque contra los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014, el abogado Vidulfo Rosales aclara que ahora es irrefutable que “los expertos del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) tenían razón y que el grupo delincuencial Guerreros Unidos no tiene una dimensión local, sino incluso realiza operaciones a nivel trasnacional — obviamente, requieren de una red una red de complicidades que van más allá de las autoridades municipales o estatales—“ detalló, de acuerdo con MVS.
“Mi pregunta es ¿cómo pasan las aduanas?, ¿cómo pasan los retenes de policías federales?, ¿cómo evaden las carreteras federales? Obviamente necesitan una red de complicidades que van más allá del territorio de Iguala”.
“Lo que tenemos en estas escuchas telefónicas, es que la tesis de la infiltración es inconsistente. En todo momento y desde temprana hora, los líderes de Guerreros Unidos reconocieron que se habían equivocado Y reconocieron que las víctimas eran estudiantes de Ayotzinapa, que no eran integrantes delincuentes”, expresó Rosales durante la manifestación.
“Lo que nosotros decimos ahora, es que se debe profundizar en esa línea de investigación. Nosotros hemos identificado varios elementos que se pueden jalar para verificar el paradero de los 43”, subrayó.
Pero dijo, que esa no es la única línea de investigación. “Hay quien dice que con esta evidencia no hay responsabilidad del Ejército mexicano, pero eso no es así. Las escuchas y el trasiego de droga solo son una línea de investigación”.
“Lo que se refiere al Ejército mexicano es otra línea diversa. Hay elementos en el expediente que hablan de la participación directa en indirecta del Ejército mexicano que se deben investigar. Por ejemplo, que el Ejército mexicano tenia desplegados agentes de inteligencia en varios escenarios de agresión y que también operaron el C4. Esto amerita una investigación exhaustiva. Además, hubo una omisión para prevenir razonablemente lo que estaba ocurriendo, incluso para brindar ayuda humanitaria en el Periférico Norte y en Santa Teresa, no sólo con los estudiantes de Ayotzinapa sino también con los Avispones”, sentenció.
“Lo que nosotros vamos a pedir ahora, es que se profundice en la línea de investigación del trasiego de droga, que era la línea a la que menos importancia le daba la Procuraduría General de la República y que ahora adquiere fuerza y objetividad. Pero lo que estamos viendo, es una falta de voluntad política para poder avanzar”, destacó Rosales.
El abogado reveló que “había una negativa del gobierno federal, de la PGR que no quería pedir la información a Chicago; no es que la DEA hubiera ocultado la información, la PGR se negaba a pedirla por miedo de que aparezcan involucrados policías federales o autoridades de otro ámbito, para mantener el problema de Ayotzinapa en responsabilidades de carácter municipal y local”.
