(11 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la Sección 22 de Oaxaca, volvieron a salir a las calles para movilizarse en contra del decreto que hace unos días emitió Gabino Cué Monteagudo, gobernador de la entidad, para “devolver al estado la rectoría de la educación”.
Como parte de las manifestaciones, los docentes tomaron las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en Tuxtepec y Tlaxiaco -ubicadas en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Mixteca, respectivamente- para impedir que los nuevos funcionarios de la dependencia realizaran sus labores.
Desde la presentación de la iniciativa en materia educativa, la CNTE fijó su postura: en contra.
Durante la “discusión” de la reforma en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, el magisterio disidente salió a las calles a manifestarse en contra de lo que para él significa, más que un cambio verdadero en el modelo educativo, una reforma laboral con instrumentos punitivos como la evaluación.
Varias semanas mantuvieron activo su movimiento, incluso después de haber sido aprobada la reforma constitucional y enviada a los Congresos estatales para su ratificación. En Oaxaca, los docentes presentaron una propuesta de ley alternativa, para tratar de impedir la aplicación de la impulsada por Peña Nieto, desde el gobierno federal, pero nada lograron.
Reforzaron el plantón permanente instalado en el Monumento a la Revolución y advirtieron que no regresarían a las aulas hasta que se derogaran los artículos 3 y 73 de la Constitución y se cancelara la evaluación de los docentes. Horas antes de la jornada electoral del pasado siete de junio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció, en un comunicado de 33 palabras, que efectivamente, la evaluación se cancelaba, por tiempo indefinido.
Reforma lesiva
Respecto al tema, el diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Danner González, declaró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que “no se puede tomar a los maestros como un botín electoral y si bien es cierto que la evaluación se tiene que llevar a cabo, no se puede hacer midiéndolos con un doble racero; por un lado, a los maestros de la sección oficial, el SNTE; y por otro lado a los maestros de la Coordinadora Nacional, que han mostrado ser un grupo de lucha y de combate frontal y abierto contra las decisiones unilaterales”.
Desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, los legisladores de Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra, considerar que era lesiva a los intereses de los maestros y que no priorizaba los temas verdaderamente importantes para cambiar el modelo educativo de nuestro país.
“El que se consideró el eje central de esta reforma educativa era la evaluación, que se publicitó como la joya de la corona y precisamente, unos días antes de las elecciones y de un plumazo, con un comunicado muy escueto, el secretario de Educación, decidió suspender la evaluación”, recuera el legislador veracruzano.
“Fue como La Chimoltrufia, que un día dice una cosa y otro día dice otra. A él (Emilio Chuayffet) se le ocurrió que se suspendía la evaluación y parecía más bien una estrategia para cachar votos de los maestros de la Sección 22”, sostiene González.
El diputado integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señala que si bien la evaluación a los docentes es necesaria, no puede realizarse de manera estandarizada, pues la realidad que se vive en la montaña de Guerrero, en Veracruz, Oaxaca o Chiapas, distan mucho de la de entidades como Nuevo León y Guadalajara; incluso dentro de la misma Ciudad de México, las condiciones en que laboran los docentes varía significativamente de una zona a otra.
“Fui a Xalapa, una ciudad que se precia de ser culta, hace unos días a una telesecundaria en donde hace 20 años que no les llevan televisores. El meollo de la educación, radica en que no les hemos dado a los maestros la capacitación e infraestructura adecuada”, argumenta el también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Durante la administración de Vicente Fox Quezada –de 2000 a 2006, primer gobierno federal no priista- se puso en marcha el programa “Enciclomedia”, cuyo costo ascendió a 25 mil millones de pesos.
Como parte de éste, se entregaron libros, pizarrones electrónicos, películas, simuladores, entre otros materiales, que en muchas aulas no pudieron ser utilizados por falta de energía eléctrica, de acceso a internet, o porque simplemente no había un espacio físico dónde colocarlos y usarlos; en las comunidades con mayor rezago en desarrollo social, las clases son tomadas a la sombra de un árbol o en aulas improvisadas con láminas y lonas.
Reforma educativa como proceso, no imposición
“Una reforma educativa tiene que ser un proceso permanente y no con base en ocurrencias de cada sexenio”, sostiene tajante el legislador ataviado en un traje gris y camisa lila, sin corbata.
“Desde que yo era niño, en los libros decía ‘Nuevo Modelo Educativo’; ya se hablaba de una gran reforma educativa, pero lo cierto es que está por acabarse la legislatura que aprobó la última reforma educativa y todavía no conocemos los planes de educación básica”, añade.
Hace algunos días, el legislador presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, para proponer que el Congreso solicite información a la SEP sobre cuándo va a dar a conocer los planes de educación básica pues, hasta la fecha, no han sido hechos públicos.
“No puede ser que le pidamos, por un lado, a los maestros que se evalúen, cuando ni siquiera les han dicho qué es lo que van a enseñar”, dice González.
El pasado 20 de julio, Cué Monteagudo ordenó la publicación del decreto que, en sus propias palabras, permitiría “recobrar y fortalecer la rectoría educativa del Estado para el bien del pueblo de Oaxaca”.
González considera que “es necesario que haya un IEEPO que responda a las necesidades de los oaxaqueños y que permita la evaluación de los maestros, que haya transparencia y un contralor interno, pero que no responda simplemente a una decisión unilateral de la Secretaría de Educación. Las decisiones tienen que ser tomadas de manera transversal y tomando en cuenta a todos los actores”.
El anuncio del decreto, con la imagen de Gabino Cué, custodiado, a su izquierda, por Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia y a su derecha, por Emilio Chuayffet, pareció un déja vú.
“Nos recuerda mucho a la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se dio en el sexenio de Felipe Calderón (en 2009), se trata, sin lugar a dudas, de una decisión unilateral tomada desde la Secretaría de Educación y eso atenta contra la soberanía del estado y vulnera flagrantemente los derechos de los maestros; sin embargo, tenemos que pensar que la evaluación tiene que ir en todos los sentidos y a todas partes del territorio nacional; además, hacer una reflexión que tendrían que tomar en cuenta todos los maestros, sean del sindicato que sean y tiene que ver con que, si nosotros queremos que nuestros niños participen de la sociedad del conocimiento, tenemos que darles el mejor de nuestros esfuerzos”, concluyó González.
