(13 de agosto del 2014).- Contrario a la propuesta lanzada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para aumentar el salario minino de 67.29 pesos diarios a 80, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, encabezó la tarde de ayer martes 12 de agosto un pronunciamiento, en conjunto con algunos sindicatos del sector obrero y dos de las grandes centrales patronales del país, para evitar la medida.
Bajo el argumento de que un aumento al salario mínimo de tal magnitud, sólo sería posible por la vía de un crecimiento económico sostenido y la reducción de la informalidad, el funcionario federal destacó que dicha política crearía un vacío económico que se traduciría en la fuga de capitales para la Ciudad de México, mayor inflación y desventajas en el sector productivo que repercutirían en la competitividad.
Además, en el pronunciamiento dejaron claro que la discusión sobre el salario debe realizarse dentro de los marcos legales e institucionales establecidos en la Constitución. “Sólo así evitaremos caer en errores del pasado que causaron dolorosas lecciones al país, a los empleadores y a los trabajadores”, precisaron.
Leales a la política oficial priista como sucedía hace décadas, al pronunciamiento también se sumaron las dirigencias de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y el Congreso del Trabajo, quienes respaldaron la política.
En la alianza también participaron, como en los tiempos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, los sectores industriales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanco), el Consejo Mexicano de Negocios, Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
La coalición, inédita desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el último de los presidentes que movilizó a ambos sectores hacia la política presidencial, fue echada a andar de nuevo, como lo dejó claro su adhesión en el último congreso del partido que tuvo lugar en marzo pasado: “estamos formando al priista peñista en la escuela de cuadros, los círculos de debate y la maestría en gobierno y políticas públicas”, dijo entonces, César Camacho, presidente del CEN. En esos cuadros también figuraban los sindicatos.
Por su parte, en el comunicado en contra de la posibilidad del aumento “drástico”, afirmaron que en los últimos 30 años México ha tenido un crecimiento anual promedio de 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), así como una disminución anual de la productividad de 0.4 por ciento, lo que sumado a las tasas de crecimiento de la población y de la inflación no ha permitido reducir la pobreza ni mejorar las condiciones de empleo y el bienestar social.
Por último, los representantes laborales, empresariales y del gobierno afirmaron que las reformas estructurales recién aprobadas son fundamentales para el desarrollo del país y sientan las bases para que aumente la competitividad, promueva mayores inversiones, incremente su productividad y genere más y mejores empleos que eleven la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
La demanda no sólo ha sido exigida por el gobierno capitalino, también ha sido retomada por el Partido Acción Nacional (PAN).
Pese a la aseveración, en México, el 14 por ciento de los trabajadores mexicanos recibe menos de un salario mínimo al día. Se trata del “único de la región donde el salario mínimo es inferior (0.66 veces) al umbral de la pobreza”, según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
