El día de ayer fue noticia internacional que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a nueve años y medio de prisión, por actos de corrupción cometidos durante su administración.
En México, sabemos que el pan nuestro de cada día es la corrupción. Transparencia Internacional, y otros organismos dedicados al seguimiento de la opacidad en el servicio público, indican que el nuestro es de los países más corruptos del mundo.
Luego entonces, tras la condena al político brasileño, viene a la mente la pregunta ineludible: ¿En México cuándo serán juzgados por corrupción el presidente en funciones o los expresidentes por actos de corrupción?
Es evidente que si México fuera un auténtico Estado de Derecho, los amigos de Fox, el caso del cuñado incómodo de Calderón, la Casa Blanca y el departamento de Miami de Peña y su esposa, e incluso el caso Odebrecht, que salpica a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por igual, ya que el ex director de dicha constructora, brasileña por cierto, y que se encuentra encarcelado, dijo que soborno a altos funcionarios de las administraciones de los ya referidos expresidentes y presidente en funciones con millones de dólares a cambio de contratos, no quedarían impunes. Reitero, sólo si fuéramos un auténtico Estado de Derecho, estos agravios no hubieran pasado de noche.
La Carta Magna es muy clara, cuando señala en el segundo párrafo del artículo 108 que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. En el Código Penal Federal, dentro de los delitos contra la Seguridad de la Nación, encontramos el referente a traición a la patria, y dentro de los supuestos para que se configure dicho ilícito se encuentran: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración; y Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza.
¿A poco la entrega de bienes nacionales a particulares, nacionales pero sobre todo a extranjeros, ya sea directa y abiertamente o vía las reformas estructurales, no desmantelan el territorio nacional o no nos ponen a merced de los intereses extranjeros?, ¿A caso Peña Nieto no sabía de los recientes casos de espionaje que distintas dependencias a su cargo realizaban vía el software Pegasus? En estos casos es claro que se acreditan las causales de modo, tiempo y lugar.
Además, está más que constatado que la corrupción disminuye los ingresos públicos destinados a bienes y servicios esenciales como salud, educación, vivienda y bienestar social, asimismo, reduce los niveles de crecimiento económico y empleo, tanto en el sector público como privado, lo que es una causal de pobreza y desigualdad. En pocas palabras, impide el desarrollo nacional ¿Eso no podría ser también juzgado como traición a la patria?
Ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni ningún otro mandatario sobrado de escrúpulos contra la Nación, va a ser juzgado mientras las instituciones públicas, principalmente las encargadas de procuración e impartición de justicia, sigan secuestradas por un grupo que sólo lo mueve el afán de lucro y de dinero; mientras el reparto para los cuates en posiciones claves sigan prevaleciendo antes que el talento y la capacidad; y mientras el PRIAN siga gobernando seremos el país de la impunidad pura y dura.
En este contexto, es que cobra más importancia no sólo la lucha de Morena, sino un triunfo de éste para el próximo año, porque la honestidad es y seguirá siendo nuestro escudo protector y la principal fuente de respaldo ciudadano.
