En un evento sin precedentes, 137 nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México recibieron su toga en una ceremonia encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra. El acto contó con la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa, y otros líderes de la capital, lo que resalta la importancia de la renovación judicial en la capital.
Un compromiso con la ciudadanía
Los 137 juzgadores, que fueron electos por voto popular el pasado 1 de junio, incluyen a 5 magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistrados y 98 jueces del Tribunal Superior de Justicia. En su discurso, el magistrado Rafael Guerra les recordó que la toga no es un privilegio, sino una gran responsabilidad. “Servir a la justicia no es servir al poder, a la ley o al mercado, sino a la prosperidad y a la felicidad humana”, sentenció. Este mensaje subraya el compromiso de los nuevos funcionarios con la ciudadanía que los eligió, buscando una justicia más cercana y sensible a las necesidades del pueblo.
La trayectoria de la justicia en la CDMX
El proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular es un hito en la historia judicial de la capital. Esta iniciativa busca democratizar el Poder Judicial y asegurar que los funcionarios que imparten justicia cuenten con el respaldo de la ciudadanía. La investidura de esta nueva generación de juzgadores es el resultado de un largo proceso que culminó con la protesta de ley ante el Congreso local el 1 de septiembre.
La presencia de figuras como la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la ceremonia de investidura refuerza la idea de que la colaboración entre los distintos poderes es clave para una democracia fuerte. Rafael Guerra destacó el trabajo de la mandataria local y la llamó un ejemplo de servicio comprometido y sensibilidad social, lo que refuerza el mensaje de que el liderazgo se mide en acciones que mejoran la vida de las personas.
La ceremonia no solo fue un acto protocolario, sino una declaración de principios: la justicia en la Ciudad de México buscará ser más humana, transparente y comprometida con el bienestar de la gente.
