(11 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante la aprobación en comisiones de la Ley General del Agua y la intención de permitir la entrada de capital privado para la explotación de este recurso, diversos actores de la política nacional así como organizaciones de la sociedad civil se han declarado en desacuerdo con la medida ya que argumentan representa una acción que atenta contra el pueblo de México.
En tal sentido, este martes se realizó una conferencia de prensa en donde integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fijaron su postura en torno a la nueva reglamentación y explicaron las acciones a emprender para echar para atrás la ley impulsada por el PRI, el PAN y el PVEM.
En el acto participó Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el cual aseguró que de ser aprobada esta nueva ley traería consecuencias serias para el país. El dirigente enfatizó que las nuevas disposiciones en materia de manejo del agua contemplan establecer como obligación la participación de privados en toda la cadena de este líquido vital.
“Procesos como extracción, potabilización, captación, almacenamiento, distribución, medición, construcción de infraestructura, todo esto se vería sometido a un proceso de privatización. La nueva ley obliga a los organismos públicos a determinar las formas de participación privada, es decir lo que dice la ley es que debe haber participación privada forzosa en la cadena del servicio del agua”, explicó.
Batres sostuvo que como parte de las repercusiones que se presentarían al ser aprobada la nueva legislación, la eliminación a los subsidios del agua sería una de las afectaciones más notables.
“Esta ley obliga a los organismos públicos relacionados con el agua a ser autosuficientes financieramente, en otras palabras la ley está determinando que se acabará el subsidio al agua y por si hubiera duda la propia legislación establece una focalización extrema porque señala que sólo núcleos muy reducidos que se encuentren en extrema pobreza o vulnerabilidad podría acceder al agua potable, en otras palabras para la gran mayoría se acabaría el subsidio”, expuso.
Aunado a lo anterior manifestó que con la implementación de este nuevo marco normativo, se producirá una oleada de aumentos en las tarifas del agua, provocando que el acceso al recurso se dificulte y que las familias corran el riesgo de quedarse sin el servicio al no tener la oportunidad de pagar los nuevos costos.
“Otra consecuencia es que, lo que hoy es el subsidio para las familias, se convertiría en un recurso que se trasladaría a las grandes compañías, como Higa y otras que serían beneficiarias de los contratos que en toda la cadena del servicio de agua potable se producirían. Es decir, los beneficiarios de esta legislación serían grandes compañías que se encuentran ya de por sí enriquecidas por el gobierno de Peña Nieto”, manifestó.
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Por otro lado, el presidente nacional de Morena, recordó que en algunos estados de la república ya se han presentado ensayos sobre la privatización del agua; mencionó casos como el de Puebla en donde el gobierno ha emprendido una represión contra aquellos que vayan en contra de la política impuesta desde el ejecutivo estatal.
“Desde gobiernos locales se ha venido induciendo la privatización. Un ejemplo lo tenemos en Puebla, con represión contra luchadores sociales que se han opuesto a la privatización del agua; otro ejemplo lo tenemos en Nuevo León donde el gobierno está dispuesto a entregar grandes líneas de la cadena del servicio del agua, sobre todo para la construcción de infraestructura; otro caso lo tenemos en Quintana Roo donde la intervención de empresas privadas ha llevado a la elevación de los costos de las tarifas de agua potable”, comentó.
En lo referente al caso de Quintana Roo, Batres dijo que el gobierno de aquella entidad ya ha iniciado una campaña de represión contra los opositores a la entrada del capital privado en el tema del agua, y dijo que dos militantes de Morena se encuentran en la cárcel por expresar su rechazo a las medidas tomadas.
“Manifestamos nuestro rechazo absoluto. Son insaciables los tecnócratas neoliberales del PRI, quieren privatizar todo, en una de esas van a querer privatizar hasta el aire, todo lo quieren convertir en grandes negocios. Rechazamos esta legislación porque forma parte de esta cadena privatizadora que parece interminable”, puntualizó.
El dirigente agregó que el partido al que representa se encuentra apoyando totalmente la iniciativa presentada por la organización “Agua para todos. Agua para la vida” la cual toma como premisa que el agua es un bien común de la Nación que debe ser manejada sin fines de lucro. Añadió que la lucha por defender el agua se dará en tres frentes: sobre el debate y las ideas, al interior de la cámara de diputados y en las calles con movilizaciones.
“Es importante que se haya detenido la discusión en la cámara de diputados. Este tiempo servirá para informar a la gente lo que representa esta ley y las consecuencias que tendría. Queremos que se abran foros; no sólo manifestamos el rechazo a la iniciativa sino también reivindicamos el proyecto realizado por la sociedad civil (…) Hacemos un llamado al pueblo de México para que estén alertas, son capaces de aprobar la ley en la madrugada”, dijo.
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Proponemos el agua para la vida
Durante su intervención, Pedro Moctezuma, investigador e integrante de “Agua para todos, Agua para la vida” hizo referencia a la iniciativa presentada por la organización a la que pertenece, la cual dijo, representa una alternativa real, elaborada por especialistas e integrantes de universidades como la de Chapingo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Subrayó que la legislación impulsada por el PRI sólo sirve para lucrar con un recurso de la naturaleza como el agua y sostuvo “sólo beneficia a las corporaciones”.
“La ley que proponemos es la que México necesita; nosotros proponemos agua para la vida, del otro lado proponen agua para el lucro. La lucha sigue, no dejaremos de proponer medidas para lograr un buen gobierno del agua”, señaló.
Por su parte la candidata de Morena a la delegación Iztapalapa, Clara Brugada, manifestó que esta nueva legislación se suscribe en el contexto de las reformas privatizadoras emprendidas por la administración de Peña Nieto.
“Esta ley es una más de las reformas privatizadoras que tiene contemplado el gobierno; no sólo está el tema de lo energético, también del agua, y como tema pendiente de los legisladores para la privatización está la salud”, explicó.
Brugada manifestó que la sociedad se enfrenta ante una situación que ya se ha presentado en otras circunstancias, en donde se pretende discutir “en lo oscurito” el dictamen para tratar de sacar la iniciativa y convertirla en ley.
Declaró que la ley que se pretende discutir en el pleno favorece que sean los privados los encargados de realizar actividades como: la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, recolección, disposición y cobro de tarifas del agua. En este sentido dijo que esta legislación limita el derecho humano al agua, al dejar en 50 litros el consumo de agua por persona, “como si fuera éste el derecho digno que debe tener los mexicanos”.
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