(27 de noviembre, 2013).- Esta tarde, en el marco de la “Jornada Nacional contra la Represión”, académicos y miembros de organizaciones e instituciones de derechos humanos se dieron cita en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para discutir sobre “Derechos Humanos y la Criminalización de la Protesta Social”.
Vladimir Chorny, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que “la protesta social debe entenderse como un derecho autónomo”.
Chorny mencionó que la protesta social implica obligaciones particulares del Estado. A diferencia de la libertad de expresión, “la protesta social exige una respuesta por parte de las autoridades, que al menos se presten al diálogo, y una forma correcta de conducirse hacia ella”. Sin embargo, afirmó que es un punto que las autoridades en México no han logrado comprender.
Vladimir Chorny afirmó que “existe una criminalización de la ideología política” y que la exacerbada criminalización de la protesta social supone una “tragedia”. Por ejemplo, en el aumento de las penas para ciertos delitos en contexto de manifestaciones sociales que se aprobaron recientemente al modificar el Código Penal, “se utilizan las leyes para criminalizar las protestas sociales, el libre derecho de la manifestación”.
“Desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos [ANAD], creemos que los derechos humanos buscan defender la dignidad humana. No son regalos ni dádivas buena onda de los servidores públicos, son derechos que han costado sangre”, declaró la abogada Miriam Pascual.
La modificación del artículo 362 del Código Penal, posterior a las detenciones llevadas a cabo el primero de diciembre del 2012, “implica que la protesta social, puede ganar derechos y erradicar los que le perjudican”, indicó Pascual, quien aseguró que antes al primero de diciembre de 2012 la Ciudad de México gozaba de ciertos derechos para su población, derechos que con el arribo de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, se fueron.
“Nos confiamos el primero de diciembre, creímos que se iba a seguir el mismo patrón que por años privó en el Distrito Federal, pero no fue así”. El primero de diciembre, mencionó la abogada, fue el primer señalamiento claro de que en la Ciudad se perderían diversas garantías sociales.
La jurista de la ANAD denunció la generación de una cultura del miedo desde el primero de diciembre, que ha llevado a fortalecer una industria de la seguridad. Aseguró que éste es un gran negocio del cual muchos buscan formar parte, “el miedo legitima la compra de más armas, de más escudos, de más inversión en supuesta seguridad”.
Por su parte, Diana López, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, agregó que con la entrada en vigor del Manual de Control de Multitudes y la Reforma al Código Penal se da pie a la legalización explícita de la criminalización de la protesta social, ya que el uso de la violencia no sólo puede ser una posible reacción de la fuerza pública, sino que estos mecanismos jurídicos lo avalan.
Por último, Alejandro Karim Pedraza, estudiante del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mencionó que en México los derechos humanos resultan un tema central no en la teoría, sino en la práctica, por una vital razón, “los derechos humanos en México son centrales, por la cotidianeidad con la que se vulneran”.
