Poder constituyente: voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga.
Ermo Quisbert
La Constitución no bajó del cielo. El Poder Judicial, en su afán de retener privilegios, nepotismo y corrupción, busca imponerse por encima de la democracia y la voluntad popular, como si la Constitución fuese un grial intocable, bajado del cielo, que no hubiese sufrido 506 reformas constitucionales en los 35 años de neoliberalismo (De la Madrid a Peña Nieto, 1983-2018).
Todas esas reformas estuvieron orientadas a desmantelar y privatizar sectores y recursos para dejarlos en manos de transnacionales. Los casos más escandalosos fueron los de Zedillo, que entregó los ferrocarriles a una empresa que luego lo contrató; Calderón, que desapareció Luz y Fuerza del Centro para darle entrada a Iberdrola, que luego lo contrató junto a su secretaría de Energía, Georgina Kessel; y Peña Nieto, con el caso de los sobornos de Odebrecht.
Para cada una de estas afrentas a la nación hubo una lucha organizada y muchas veces se recurrió a interponer amparos, como en el combate a la reforma energética de Peña. Se explicó que se trataba de una reforma en contra de la Constitución, en términos de soberanía e incluso de seguridad nacional. La Suprema Corte hizo caso omiso y dejó que se reformara, aun en detrimento de nuestros recursos e independencia.
Hoy, la mayoría popular avala una reforma a un Poder Judicial (por todos sabida su podredumbre) repleto de lujos mientras las cárceles se llenan de quienes no pueden pagar los sobornos y “las copias”.
Los jueces y magistrados que han dado sabadazos liberando a 192 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, que han concedido prisión domiciliaria a Murillo Karam, Emilio Lozoya, Mario Marín; y libertad provisional a Rosario Robles; o que negaron la orden de aprehensión para el segundo tirador contra Colosio; o que descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna; o que protegen a evasores de impuestos como Salinas Pliego, son quienes se resisten y patalean contra la reforma.
Los ministros son los únicos que no han querido bajarse el sueldo como acto de redignificación del servicio público. Ganan más de 700 mil pesos mensuales más toda una sarta de lujos y cuentan con una red de nepotismo que hasta “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, de Claudio X. González, llegó a exponer hace años, aunque ahora se ponga de su lado (“El poder familiar de la federación”, 2018).
Vociferan que está en riesgo la democracia cuando se abre la puerta a que ministros, jueces y magistrados sean electos por voto popular, una vez cumplidos requisitos como estudios, promedio mínimo, etcétera. Alegan que ningún consenso puede estar por encima de la Constitución, cuando han sido los grandes consensos nacionales (1824, 1857, 1917) los que han hecho posible nuestra Carta Magna. Insisto: no bajó del cielo. Esos grandes acuerdos nacionales consagraron derechos y libertades que el neoliberalismo intentó despojar y saquear. Mucho de eso se ha revertido en los últimos seis años, al recuperar el Estado de bienestar como benefactor de la justicia social.
Como plantea García Linera, la Constitución resguarda la suma de nuestras victorias, emancipaciones, satisfacciones colectivas que se han acumulado y sedimentado como derechos. Quizá uno de los ejemplos más emblemáticos, durante el gobierno de López Obrador, sea la reforma al Artículo 4 donde los programas sociales se convirtieron en derechos constitucionales: un paso clave para la movilidad social.
Las Constituciones son de y para los pueblos, no para que una oligarquía sea juez y parte de un sistema podrido, donde el pobre o el indígena va a la cárcel y los poderosos se van a España, con total impunidad.
La jueza de Veracruz que le dio un ultimátum a la presidenta Sheinbaum para eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación (o la metería a la cárcel, ¿?), el proyecto fallido del ministro González Alcántara Carrancá para invalidar parte de la reforma, etcétera, ¿son actos reflejo de un animal herido?
¿Las mafias enquistadas seguirán su cantinfleo con la ley para frenar una reforma que busca purgar la justicia? ¿Se aferrarán a tener “la última palabra”, aun por encima de la voluntad popular? La historia observa. ¿Quiénes serán demócratas? ¿Quiénes déspotas? En esta batalla de argumentos (e interpretaciones) vale la pena reiterar algo: la Constitución no bajó del cielo, el pueblo es el contituyente.
Foto: Rodrigo González / @Eneas
