(15 de octubre, 2013).- Se había agotado el dialogo; el entonces secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna García, había lanzado un ultimátum a los estudiantes para que durante la madrugada del 15 de octubre liberaran las más de 50 unidades que permanecían retenidas en la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”.
Eran las 11 de la noche cuando los jóvenes anunciaron que no liberarían las unidades, entre ellas autobuses de pasajeros y vehículos de transporte, que mantenían retenidas desde el 3 de octubre. Las autoridades tampoco cedieron en la postergación de la reforma curricular que a nivel federal se había planteado para todas las Escuelas Normales.
El gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Fausto Vallejo Figueroa, recién llegado a la administración, se estrenó en febrero del mismo año con otro conflicto estudiantil, que terminó en la detección de casi un centenar de jóvenes y desalojo de tres albergues estudiantiles con el uso de la fuerza pública. Con este antecedente, todo podía ocurrir.
Entonces, procedió la incursión de más de mil 300 efectivos. La Policía Federal PFP encabezó el operativo de desalojo; también participaron la Estatal Preventiva y la Policía Ministerial; el resultado: 176 estudiantes detenidos y 15 vehículos consumidos en llamas.
Aquel escenario era una batalla, los uniformados no esperaban la embestida de los jóvenes que se opusieron de manera férrea a la incursión de los azules al albergue estudiantil que entonces estaba repleto de estudiantes, había mujeres y hombres de distintas Normales, aunque en el plantel sólo se alojan varones.
Con bombas molotov, piedras y palos, los alumnos lograron contener la embestida de los policías que los superaban en número, pero no en organización, de manera que durante casi de dos horas soportaron y contuvieron la entrada de los efectivos; entonces ya algunos autobuses y patrullas ardían en llamas.
Como reacción, cuando los uniformados logran entrar a las instalaciones de la Normal Rural, hubo golpes de ambas partes, así como decenas de detenidos. Las imágenes de ese día muestran que mientras algunos jóvenes fueron atados de manos con cintillas de plástico de seguridad, lucían golpes en el rostro, algunos llevaban la cara ensangrentada por los golpes.
Aunque los policías no salieron ilesos, al día siguiente el reporte fue de ocho uniformados heridos, algunos con quemaduras y otros con descalabros. No obstante, los estudiantes recibieron agresiones y abusos de la fuerza pública que poco se dieron a conocer.
Tras el desalojo, la Policía Federal tomó posesión del albergue; entonces los jóvenes y algunos periodistas denunciaron el saqueo por parte de los policías: celulares, computadoras, dinero y demás pertenencias desaparecieron al por mayor. Mientras tanto, la escuela también sufrió las consecuencias de la brutalidad policial.
Al mediodía del 16 de octubre, los padres de familia ya comenzaban a buscar a sus hijos, entonces aún no habían sido presentados en la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), de donde, tras deslindar responsabilidades, los estudiantes fueron liberados poco a poco a lo largo de tres días.
“Yuyo”, que aún no cumplía la mayoría de edad, pues era alumno de nuevo ingreso, fue uno de los primeros liberados. Lucía un ojo amoratado y algunas otras lesiones en el rostro, como decenas de estudiantes que fueron golpeados esa misma noche.
El resultado fue la liberación de más de 50 vehículos, otros 15 fueron incendiados al interior de la Normal Rural de Tiripetío y en torno a la Escuela Normal Indígena de Cherán, donde también se suscitaron enfrentamientos y detenciones. Además, 49 jóvenes fueron consignados por los delitos de motín y robo calificado, entre otros.
Un año después, cinco de ellos todavía enfrentan su proceso judicial en libertad, por la oposición a la reforma curricular que implementó materias curriculares como Inglés y Computación de manera general en la entidad, igual para comunidades indígenas y rurales con poco o nulo acceso a la tecnología.
Tras el conflicto que inició a finales del mes de agosto del año pasado y que concluyó hasta noviembre con múltiples movilizaciones, poco se logró; las autoridades continuaron inamovibles en su postura de posponer dicha reforma, pese a la oposición de los estudiantes.
