El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió fuego hacia adentro. En 2025, el propio organismo presentó 78 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos por presuntos delitos federales, según informes oficiales entregados al Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En paralelo, el SAT activó una ruta administrativa todavía más amplia: en total se iniciaron 262 procedimientos, de los cuales 184 fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC) por posibles irregularidades o faltas administrativas.
Qué se está investigando
- Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, el más recurrente, tipificado en el artículo 211 del Código Penal Federal.
- Falsificación de documentos, contemplado en el artículo 244 del mismo ordenamiento.
- Ejercicio ilícito del servicio público, además de uso indebido de atribuciones y facultades.
- Remuneración ilícita, un delito que no se reportaba con frecuencia en años recientes y que apareció en varios casos, particularmente en la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS).
- Otros ilícitos señalados: actividades equivalentes al contrabando, cohecho y acciones contra la administración de justicia.
De acuerdo con el marco legal, estos delitos pueden implicar prisión, multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Las áreas del SAT con más señalamientos
- Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con una concentración alta de casos tanto penales como administrativos.
- También aparecen con reportes relevantes: Auditoría de Comercio Exterior, Recaudación, Jurídica, Recursos y Servicios, Grandes Contribuyentes y Servicios al Contribuyente.
Además del camino penal, el OIC del SAT mantiene procesos por responsabilidades administrativas, cuyos resultados pueden traducirse en sanciones internas que van desde amonestaciones hasta separación del cargo.
Qué busca el SAT con estas acciones
Las denuncias y procedimientos forman parte de una estrategia institucional para fortalecer la transparencia y la integridad interna, además de cerrar espacios a conductas irregulares dentro del organismo recaudador.
En términos prácticos, el mensaje es de control interno: abrir expedientes, documentar conductas, y llevar los casos que lo ameriten a la vía penal o administrativa, con el objetivo de elevar los estándares de actuación dentro del SAT.
