Ivonne Acuña Murillo* / @ivonneam
En el siglo XIX, después de la Revolución de Independencia, el ejército desempeñó un papel trascendental, presidentes iban y venían bajo la anuencia de un poder que por más de medio siglo impuso a los civiles su visión sobre la forma en que la nueva sociedad debía ser gobernada. El caso del general Antonio López de Santa Anna, quien fue llamado a gobernar en 6 ocasiones, es más que paradigmático. Esto supuso una serie de golpes de Estado y, por supuesto, una severa inestabilidad política; de 1810 a 1867 se ensayaron diversas formas de gobierno: el centralismo, el federalismo, la monarquía y la república, hasta que finalmente un gobierno civil pudo ser instaurado y reconocido, el de Benito Juárez.
A inicios del siglo XX, en 1913, un nuevo golpe de Estado tuvo lugar, el de Victoriano Huerta en contra de Francisco I. Madero. Finalmente, la lección fue aprendida, el ejército debía permanecer bajo el poder de los civiles. Así lo entendieron militares como el propio Álvaro Obregón, presidente de 1920 a 1924, quién inició la profesionalización del ejército.
Estas referencias no tendrían más valor que justo su carácter histórico si no fuera por la “guerra” que Felipe Calderón le declaró al narcotráfico y a la delincuencia organizada, la cual tuvo como eje central la labor del Ejército Mexicano. Para más de un analista la decisión de sacar y mantener al ejército en las calles suponía una decisión equivocada que ponía en peligro a la población, dado que los soldados no están entrenados para labores de vigilancia policial y la lógica bajo la que operan no es la de los agentes acostumbrados a dirigir acciones en contra de civiles infractores; además de ser una medida innecesaria que pondría en entredicho la reputación de una de las pocas instituciones con un alto nivel de confianza y reconocida sobre todo por su labor en beneficio de la gente en casos de desastre y en contra del narco en eventos específicos, como en la detención de capos y la destrucción de lotes de drogas, pero no en el patrullaje permanente en ciudades y zonas rurales.
Menos evidente fue el hecho de que una vez el ejército en las calles, se tuviera la tentación de utilizado para ahogar la protesta civil sin conocimiento de la opinión pública, máxime cuando todo se redujo a la lucha entre cárteles y desaparecieron como por arte de magia las guerrillas rurales existentes en estados como Guerrero y Oaxaca, las protestas campesinas y populares en contra del gobierno en turno, etcétera. Menos obvio aún, fue el hecho de que existía un riesgo latente de que militares de alto rango tomaran por su cuenta decisiones sin contar con las órdenes y el control de su “comandante supremo”, el presidente de la República. La sospecha no es gratuita ante un poder civil que dejó de tener control sobre partes del territorio, en los cuales el narco impone hoy sus “leyes”, y que fue incapaz de brindar seguridad a amplios sectores de la población, como lo muestra la cifra de “efectos colaterales”: más de 60 mil muertos (en algunas investigaciones la cifra supera los 100 mil) y 25 mil desaparecidos, además de los heridos, huérfanos, encarcelados, etcétera. No sería la primera vez en la historia de México y el mundo que los militares consideran “necesario” hacerse del poder para “volver las cosas al orden”.
Este temor resultó no ser del todo exagerado y para prueba están las declaraciones hechas por Cuitláhuac Salinas, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO), en torno a que él no estuvo al frente ni al tanto de las investigaciones que llevaron a la detención del general Tomás Ángeles Dauahare, acusado de mantener nexos con el crimen organizado y quien fue considerado para ocupar el puesto de Secretario de la Defensa, pues ésta estuvo a cargo de un subordinado suyo, Gerardo Salazar Bolaños, en ese entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. Más grave es su afirmación de que dichas investigaciones fueron dirigidas por “algunos elementos del Ejército”, sin el conocimiento de Marisela Morales Ibáñez, entonces al frente de la Procuraduría General de la República y del mismo Felipe Calderón Hinojosa, como sostuvo en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui.
El general Dauahare fue liberado el pasado 18 de abril ante la falta de pruebas, sumándose a la lista de investigaciones iniciadas durante el sexenio de Calderón que no se sostienen en los hechos y que ponen en tela de juicio la administración de la justicia en ese periodo presidencial.
De manera general, sean ciertas o no las afirmaciones de Cuitláhuac Salinas, la conclusión obligada es que en un afán por legitimarse -después de haber ganado la presidencia “haiga sido como haiga sido”- Calderón puso en peligro la estabilidad política conseguida una vez que el poder civil subordinó al poder militar, al darle a éste último tantas prerrogativas y colocarlo en el centro de la escena nacional.
En términos concretos, de ser cierto lo dicho por Salinas, se imponen algunas preguntas: ¿Qué tipo de tensiones o intereses enfrentan a militares de alto rango al interior de la institución castrense? ¿Bajo qué parámetros se atrevieron a tomar una decisión sin contar con una orden directa del presidente de la República? ¿Hasta dónde perdió Calderón el control del Estado que militares de alto rango se atrevieron a tomar decisiones por su propia cuenta? ¿Qué saben los altos mandos militares en torno a la pérdida de control por parte del poder civil que el resto de la población ignora? ¿Estaban o no de acuerdo todos los militares con la estrategia, en caso de que la haya habido, de Calderón en contra del narco? Todos estos cuestionamientos llevan a preguntar ¿Tiene el actual gobierno la capacidad de corregir lo que a todos luces es un Estado fallido?
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