“México tiene un problema de impunidad muy fuerte y un estado de derecho débil”, ha señalado en varias ocasiones ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en voz de su titular, Luis Raúl González Pérez.
Luego de participar en un foro sobre trata de personas, el ombudsman nacional enfatizó que “el tema de la impunidad en México es un problema estructural, es decir, cuántas sentencias se emiten frente al volumen de los delitos que se cometen”, señaló en una entrevista a La Jornada.
Sobre lo referente al informe que dio a conocer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), donde se evidenció que las investigaciones penales en la justicia civil contra militares que han violado derechos humanos de los ciudadanos son poco efectivas, pues hay un bajo número de pesquisas contra soldados y muchas menos sentencias, el ombusman nacional indicó que “se trata de casos de impunidad”.
De acuerdo a las cifras de la CNDH, de 2006 (año en que se puso en marcha la estrategia contra el crimen organizado) al 31 de octubre de 2017 ha recibido 10 mil 907 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 mil 802 contra efectivos de la Marina Armada de México.
En ese periodo, el organismo nacional ha emitido 125 recomendaciones por violaciones a garantías cometidas por soldados y 41 contra marinos. Además, en estos casi 11 años, la comisión ha iniciado 941 expedientes de queja contra la Comisión Nacional de Seguridad (antes Secretaría de Seguridad Pública federal) y 6 mil 322 contra la Policía Federal. Investigaciones de las que se han desprendido 101 y 60 recomendaciones, respectivamente.
A González Pérez también se le preguntó sobre el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en el que se destacó que el grupo delictivo Los Zetas habrían sobornado al ex gobernador y al actual mandatario de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, respectivamente; al ex mandatario de Veracruz, Fidel Herrera, y a funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos y así poder lavar dinero.
“Tenemos un expediente abierto que estamos próximos a determinar sobre el caso (de la masacre) de Allende, Coahuila. El informe (de la Universidad de Texas) no lo conozco a detalle, pero cualquier circunstancia donde haya una conducta irregular tiene que investigarse”.
El ombusman también habló sobre la empresa First National Security, en Quintana Roo, cuyas cajas de seguridad fueron incautadas por la Procuraduría General de la República, por encontrarse relacionada con las pesquisas contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, y que ha generado las quejas de varios usuarios.
“La PGR envió una respuesta que hemos pedido que precise… Preguntamos si acepta nuestras medidas cautelares (en favor de los usuarios). No fue precisa. Por eso nuestro personal fue a Quintana Roo para atender a las personas. No estamos en contra de que la investigación, pero no estamos de acuerdo en que se afecten derechos de terceros.”
