Por: Ivonne Acuña Murillo
De manera extraordinaria, cuando gobernantes, políticos, partidos y autoridad electoral se ufanan de la democracia que “nos hemos dado”, ésta hace agua por todos lados y, al parecer, los diversos actores políticos son los únicos que no se han dado cuenta. Envueltos en una especie de pensamiento mágico se empeñan en creer que sus reflexiones personales pueden ocasionar efectos en la realidad o que con sus palabras causarán o evitarán hechos concretos, desafiando las leyes de causa y efecto, atribuyendo relaciones causales entre acciones y eventos no conectados entre sí actúan como si creyeran que sus acciones influencian los resultados, aun cuando en el fondo sepan que esto no es cierto.
Pretenden que a fuerza de declaraciones va a desaparecer la violencia que habita estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Sonora y otros, donde grupos de la delincuencia organizada violentan abiertamente el proceso electoral en curso, intimidando, secuestrando, golpeando y asesinando candidatas y candidatos, a la vez que grupos fácticos, como los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pretenden boicotear el proceso bajo el argumento de legítimas demandas, pero utilizando procedimientos que cuestionan, una vez más, el poder del grupo gobernante.
En primer lugar, el actual gobierno priísta se ha mostrado incapaz de frenar la violencia política que ha caracterizado al proceso electoral y que arroja ya 21 candidatas y candidatos asesinados con lujo de violencia, algunos de los cuales incluso fueron torturados antes de morir, ultimados durante sus campañas, afuera de sus casas, frente a sus familias, descabezados. Otros fueron intimidados para abandonar sus candidaturas, algunos efectivamente lo hicieron, y los que no, llevan sobre sus cabezas una amenaza latente.
De esta forma, la violencia e inseguridad que ha caracterizado al país durante el sexenio anterior y el presente ha alcanzado con toda su brutalidad a la actividad política, ya sea vía infiltración del gobierno por parte del narco y la delincuencia, por el financiamiento de campañas políticas, por los cuantiosos sobornos para recibir pitazos y para la protección de las plazas de uno u otro grupo o, como se ha visto en estas elecciones, con la agresión directa a candidatos y candidatas. Esto último ha hecho de la política “una profesión de riesgo”, como se afirmara en el periódico El país, el viernes 5 de mayo, en el artículo titulado “La violencia y las protestas marcan el fin de la campaña en México”.
En segundo lugar, la administración peñista cede ante las exigencias, movilizaciones, presiones y violencias de los profesores de la CNTE, ante lo que parece más un criterio electorero que una política de Estado. Esto es, que ante la inminencia de las elecciones el gobierno federal echó parcialmente abajo una de sus más preciadas reformas estructurales, la educativa, posponiendo indefinidamente el proceso de evaluación de los docentes, intentando captar los nada despreciables votos de éstos, que junto con los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sumarían más de 820 mil 786, según datos del INEGI de 2014 .
A éstos habrá que agregar los votos de sus familiares y de un gremio más, el de los taxistas que ven en Uber a un competidor desleal, pero que cuentan con el apoyo del gobierno priísta del Estado de México, Eruviel Ávila, que siguiendo la misma lógica clientelar y electorera les ha prometido cuidar de sus intereses, casualmente también a unos días de las elecciones intermedias. Bajo esta pesada lógica, se sacrifica sin rubor la reforma que supuestamente elevaría el bajísimo nivel educativo en México y que se convertiría en uno de los factores dinamizadores de la golpeada economía.
Por su parte, los profesores de la CNTE han proclamado abiertamente que no permitirán el normal desarrollo de las elecciones el domingo 7 de junio, tomando acciones concretas como, por ejemplo, la tarde del lunes 1 de junio cuando docentes de la Sección 22 tomaron juntas distritales del INE en Oaxaca, allanaron las oficinas de algunos institutos electorales locales, quemaron paquetería electoral, tomaron una planta de Petróleos Mexicanos y retuvieron una decena de pipas de combustible, retuvieron camiones repartidores de algunas empresas e incendiaron papelería del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca , acciones todas tipificadas como delitos.
Al parecer la propuesta del gobierno federal no fue suficiente y van por más, exigen que la dichosa reforma sea derogada de una vez por todas, lo cual supone suspensión definitiva de las evaluaciones docentes, que se otorguen en automático plazas a estudiantes normalistas y que se les asegure estabilidad laboral social o, de lo contrario continuarían amenazando con interrumpir la jornada electoral. La lectura de la CNTE parece correcta en un momento en el cual el gobierno priísta perdió el poder para “forzar” el voto corporativo y tiene que “negociar” haciendo evidente su debilidad.
En sentido estricto, las demandas de esta sección del magisterio pegan en el corazón no sólo de la reforma educativa, sino de la laboral pensada para “flexibilizar” el mercado de trabajo, proceso que ha tenido como consecuencia la precarización de las condiciones laborales de las clases bajas y medias. En este contexto, la lucha del magisterio encarna reminiscencias de viejas prácticas clientelares al mismo tiempo que representa la lucha por derechos que tienden a desaparecer. Pero, sobre todo, es la evidencia rotunda de una institución presidencial debilitada, acotada, arrinconada por los poderes fácticos, esos a los que sus antecesores panistas les abrieron la puerta.
Pero aunque las exigencias del magisterio sean legítimas, sus métodos y los de la delincuencia organizada, guardada toda distancia, traen a primer plano la certeza de un régimen político erosionado, que a fuerza de parches, está dando lugar a una competencia descarnada por el poder en la que priva la ley del más fuerte y en la cual los métodos poco importan con tal de llegar.
Muy particularmente, la lucha del magisterio y sus acciones por impedir el proceso electoral, ponen de manifiesto la crisis de representación por la que pasa el sistema partidista mexicano, la crisis de credibilidad que sufren los gobernantes, en particular el presidente de la República, los mismos políticos, en especial los partidos y, en general, el régimen democrático en su conjunto, por lo que se ha perdido la poca confianza alcanzada apenas en el año 2000, de que votar es el camino para resolver las demandas populares.
Las elecciones “bajo fuego”, son la evidencia de que la democracia mexicana, el sistema de partidos, el proceso electoral y el régimen hacen agua mientras que los gobernantes, candidatos, partidos, autoridades electorales pretenden convencer a todo mundo, en especial a mexicanos y mexicanas, de que el proceso ocurre con “normalidad”, que el sistema de partidos y la democracia funcionan y que al final del proceso electoral habrá ganado la “voluntad de las y los votantes”, como si la fuerza, el dinero, la violencia, no se hubieran convertido en los factores que inciden en quién ha de gobernar y ocupar puestos de representación más que lo expresado por la ciudadanía en las urnas.
