(24 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Este domingo durante el conteo de votos en la comunidad indígena de Coatetelco, en Morelos -donde se llevaron a cabo elecciones para elegir al ayudante municipal- la no aplicación de la ley seca provocó que altercados entre algunas personas en estado de ebriedad se confundiera con la disputa entre planillas.
De inmediato, policías municipales de Miacatlán adscritos al Mando Único, llegaron al lugar. Sin embargo, a decir por pobladores, no lograron detener la trifulca y por el contrario, la aplicación de la violencia “subió de intensidad la situación”; los elementos dispararon y atropellaron a pobladores de la comunidad indígena, lo que dejó como saldo un muerto y un herido.
“Al llevarse a cabo las elecciones para autoridades y delegaciones municipales, la participación fue intensa, pero las autoridades no tomaron las prevenciones para que la gente no tomara. Algunos estaban consumiendo bebidas alcohólicas, lo que originó una situación complicada porque se mezcló la acción electoral con la violencia que derivó en peleas; al llegar la policía el problema se agravó porque no se dieron a la tarea de detener los actos violentos.
Tenemos el reporte que los elementos agredieron a una persona, por lo que la gente se enojó y entonces rodeó a los policías, los quiso detener y éstos se comunicaron con otros elementos, quienes llegaron en patrullas, los trataron de rescatar y al salir de la comunidad, lo hicieron de manera brusca y a toda velocidad, por lo que atropellaron a dos personas, una de ellas, el campesino Francisco Javier Palacios Rivera, de 47 años de edad, quien sufrió una lesión que le provocó muerte cerebral” da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH).
Agrega que posteriormente, Palacios Rivera falleció en el hospital este lunes y fue el martes que sus familiares dieron paso a los funerales; la versión de la coordinación de seguridad asegura que “ellos no cometieron ningún atentado contra la población y que por el contrario, fueron llamados por la riña, por lo que procedieron a poner orden y por eso fueron agredidos, incluso dicen que hay policías heridos, pero la realidad es que el problema se provocó por el uso inapropiado de la fuerza por parte de los elementos policiacos.
Es por ello que por parte de las autoridades debe haber una investigación profunda. Aunque algunas versiones dicen que se originó por el enfrentamiento entre planillas, esto aún no está comprobado. La realidad es que hay heridos y una persona que falleció. Ahora para deslindar responsabilidades dicen que él se daño solo, pero hasta el momento la policía no ha demostrado que esto sea cierto, con fundamentos y pruebas, para eso debe haber una necropsia, un dictamen médico, porque él fue trasladado al hospital, el médico legista tiene que dictaminar la causa de la muerte”, añade Martínez Cruz.
Vecinos afirman que escucharon las detonaciones y fueron al lugar de la agresión, donde vieron al campesino Juan Celis tirado en el suelo, herido, mientras los agentes subían a su camioneta. Los pobladores ayudaron a Juan, convocaron con altavoces a otros habitantes y más de 500 personas rodearon la patrulla.
A las 23 horas llegaron unidades del mando único estatal –testigos dijeron que eran más de 30– y sus ocupantes golpearon a la gente, hicieron disparos al aire y lanzaron gases lacrimógenos.
Familiares de la víctima exigieron al gobernador Graco Ramírez; al comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra, comandante del mando único del estado, y al edil priísta de Miacatlán, Francisco León y Vélez, que a la brevedad posible detengan a los agentes que asesinaron a Francisco Javier Palacios y respondan por las heridas que le provocaron a Juan Celis. A su vez recriminaron que los policías, que están para cuidar al pueblo, sean quienes maten y golpeen.
Sobre el seguimiento al caso y la investigación de los hechos, Martínez Cruz, comenta que, “hay un problema histórico de discriminación en el país, de violencia en contra de sus comunidades indígenas, en ese sentido no se respeta lo establecido, ya sea en tratados internacionales y en la propia Constitución, acerca de que no debe de haber este tipo de hechos, sin embargo sigue sin que se aplique estas leyes, la impunidad es generalizada en el país y en relación a los temas de comunidades indígenas, esta situación se incrementa y agrava.
Por eso es que lo que sucedió el fin de semana no debe quedar en el olvido, sino que la sociedad debe exigir que se lleve a cabo una acción a fondo, no creemos que la habrá, porque desde el principio las autoridades han hablado en forma contraria a los testigos de los hechos, que es una mayoría del pueblo que se encontraba ahí.
Pero independientemente de lo que declare la coordinación de seguridad pública, que es el mando único, la fiscalía tiene la obligación de investigar un hecho que esta naturaleza”, sentencia el vocero de la organización.
A su vez comenta, que existe la posibilidad, que ante la falta de investigación y el caso omiso de las autoridades, cabe la posibilidad que “en lugar que se dé a conocer que fue un homicidio, se saque alguna otra versión que libre de culpas o se cierre el caso de manera fácil sin culpables, atribuyéndolo tal vez a otro tipo de circunstancias ajenas a las autoridades”.
Martínez Cruz, afirma que este tipo de actos son evitables sin embargo, la policía no tiene el reconocimiento y respeto del pueblo, porque no se lo ha ganado sirviéndole, por el contrario los elementos policíacos, “en lugar de calmar, agudizan las problemáticas y después se pierde la credibilidad”.
