(24 de junio, 2014).- Las instalaciones de la revista Contralínea se vieron allanadas la noche de ayer, cuando 19 equipos de cómputo, una cámara de video profesional, tres pantallas de televisión, equipo de audio, discos compactos con información editorial, expedientes periodísticos de los reporteros y alguna de su documentación personal guardada en sus escritorios fueron tomados tras irrumpir en la editorial ubicada en Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán.
La casa editorial informó a través de una publicación y su cuenta de Twitter que entre el equipo de cómputo, se encontraban las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez.
Rompiendo ventanas y puertas, cortando cables y moviendo las cámaras de vigilancia, los delincuentes, aseguró la editorial, irrumpieron en el lugar, no obstante las cámaras forman parte de las medidas cautelares implementadas por la Secretaría de Gobernación como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, pues el acto, a decir de Contralínea, se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo editorial.
“Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon”, bajo la averiguación previa FCY/COY-2/T2/015071406.
Contralínea señaló que esta nueva agresión demuestra la ineficiencia de la Secretaría de Gobernación por garantizar y proteger la labor periodística, pues no es la primera agresión que la casa editorial sufre.
De entre las agresiones documentadas, Contralínea recordó que el 5 de agosto del año 2007 cuando representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones y amenazaron con desaparecer la publicación si no se les revelaban nombres de las fuentes de información.
El 7 de noviembre del mismo año, Oceanografía SA de CV interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil responsabilizando a la publicación y algunos de sus reporteros, de quienes, señala Contralínea, se cuestionó su calidad periodística.
Un año más tarde, el 13 de agosto del 2008, señala la publicación, “los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008”.
Las agresiones no cesan, el 16 de enero del 2009, elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron al director de la editorial, Miguel Badillo, mientras un mes más tarde, representantes del Grupo Zeta Gas allanaron por segunda ocasión las instalaciones.
De entre las respuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra la recomendación 57/2009 donde acreditó la discriminación publicitaria de la que era objeto la revista por el Gobierno Federal.
No obstante, las agresiones no cesaron, se recrudecieron cuando entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros –fundadora de Contralínea- y Rocío González Trápaga.
Hasta el momento no ha dado respuesta el mecanismo encargado de salvaguardar a la revista que ya ha sido atacada en numerosas ocasiones por su actividad periodística.
