La mexicana Femsa es la embotelladora de Coca Cola más grande del mundo y la tercera empresa del país por facturación. En el mes de marzo cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, por el acoso de algunos grupos delictivos sobre sus trabajadores, lo que también hizo PepsiCo en la misma ciudad tres meses después. En el mes de mayo la empresa láctea Lala, que controla casi el 50% del mercado y se ha extendido hacia Estados Unidos y Centroamérica, cerró temporalmente su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas. También en mayo la minera canadiense Pan American Silver cesó actividades en la mina Dolores, de Chihuahua.
Según lo informa el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 del American Chamber México (Amcham) en la primera mitad de 2018 el 6.1% (25 sobre 420) de las empresas en México suspendieron totalmente sus operaciones, un porcentaje que se eleva al 14.2% en el lapso de los últimos dos años, mayormente en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Un 4% redujo sus operaciones contratando a otras empresas para distribuir su producción. Por el aumento de la inseguridad y la violencia, algo más del 10% de las empresas de origen extranjero han inhibido o frenado sus inversiones.
Los ataques contra la cadena de suministros son el principal delito denunciado, alcanzando el 25.4% de los casos, seguido de la extorsión virtual.
También en mayo el gobierno de Veracruz anunció un refuerzo de seguridad en el transporte ferroviario tras varias jornadas sucesivas de robos a trenes con mercancías, lo cual incluyó el descarrilamiento por sabotaje de un tren con la pérdida de 7 millones de dólares parte de un raid de 6 ataques y una tentativa de robo en 20 días.
El caso de los trenes es un foco particular de delincuencia organizada. En 2016 se registraron 1752 robos a trenes en todo el país. Según el Indice de Paz (del Institute for Economics and Peace) el impacto económico de la violencia ascendió al 21% del PIB (250 mil millones de dólares), uno de los más altos del mundo. En las empresas el costo total de la inseguridad representó un 0.86% del PIB.
Las cámaras empresarias (Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial – CEE) elevaron sus reclamos al gobierno de Enrique Peña Nieto para que adoptara medidas para resolver la crisis de seguridad del país. Coparmex afirmó que “el tiempo se le acaba a este gobierno y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada”.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI informa que un 38.4% de las empresas comerciales fueron víctimas de delitos, porcentaje que alcanzó al 30.6% en la industria y al 29.3% en servicios.
Los delitos cometidos al interior de las empresas completan el panorama de inseguridad empresaria. Con una tasa de 1,278 por cada 10,000 empresas, el delito más habitual es el robo hormiga, mientras el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes alcanza una tasa de 1069 y la extorsión llega a 544 cada 10,000.
En 2017 apenas el 13.4% del total de los delitos cometidos fueron reportados por las empresas mientras que el 86.6% no hizo denuncia y no se investigó. La cifra negra (delitos no denunciados) de 2016 alcanzó a un elevado porcentaje del 90.3%. La desidia de las instituciones de seguridad explicar que el 62.9% de las víctimas que denunciaron delitos señalen que “no sucedió nada o no se resolvió” o que la denuncia continúa en trámite.
Las víctimas señala que no denuncian delitos ante las autoridades porque es una pérdida de tiempo (35.6%) o porque carecen de pruebas (15%).
El 63% de las empresas consideran a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que las afecta.
Sin embargo en comparación con el tamaño y diversidad de la economía mexicana, son muy pocas las empresas que planean suspender inversiones u operaciones basadas en criterios de seguridad. El universo empresario ha llegado a la conclusión de que la seguridad no es un servicio del Estado sino un bien público y por lo tanto se hacen cargo directamente del problema. Uno de los resultados contundentes en la mejora de la situación de seguridad resulta de la inversión de las propias empresas en sistemas de seguridad. Así se refleja en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, ubicados como los más seguros en la percepción empresarial. La disparidad entre las afirmaciones de las Cámaras empresarias y la cantidad real de empresas con aversión al riesgo debe medirse cualitativamente al interior de la totalidad del universo empresarial mexicano, poblado por una multitud de emprendimientos pequeños con poca capacidad de resistencia a la inseguridad. En el otro extremo, con 59 unidades económicas de origen extranjero que suspendieron sus operaciones en los últimos dos años, aparece un sector vital de la economía mexicana con síntomas determinantes de aversión.
Las empresas invierten más del 5% de su presupuesto de operaciones en seguridad. Hace apenas 2 años sólo el 16% de las empresas consideraba la seguridad como un ítem presupuestario y en 2018 el porcentaje se elevó al 38%. Sin embargo el 61.9% de las empresas destinan menos del 4% de su presupuesto anual a la seguridad.
La principal pata de la tambaleante mesa de seguridad empresaria está en el Estado. El 58.9% de los miembros del American Chamber (Amcham) considera que las autoridades municipales tienen una deficiente actuación en respuesta a los incidentes reportados por las empresas.
Los empresarios del CCE pidieron una “aplicación efectiva de la ley contra quien atente en contra del patrimonio, la profesionalización de policías, se multiplique la fuerza del Estado donde sea necesario y mayor coordinación con las fuerzas armadas en Estados rebasados por la delincuencia”.
Recomendaciones más puntuales enfatizaron el fortalecimiento, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas específicos de reinserción social, la total implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el blindaje del sistema financiero con recursos, talento y el uso de tecnología contra el lavado de dinero.
Los reclamos van desde la limpieza impiadosa del territorio hasta retoques continuistas en instancias institucionales y legales. A pocos días del cambio de gobierno, el aumento de la violencia es una respuesta acorde a la brecha de ausencia del Estado.
