(31 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante este 2015 que concluye, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió cuatro recomendaciones en materia de migración a los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco Coello; de Chihuahua, César Duarte y a dos dependencias federales: la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
La primera, dirigida al gobernador de Chiapas fue signada el 30 de enero, por el homicidio de dos migrantes hondureñas, ocurrido en mayo de 2013 en el tramo férreo de Pakal-Ná y Salto de Agua, municipio de Palenque, luego de que un grupo de hombres les disparara con armas de fuego tras negarse a pagar una cuota por viajar en ‘La Bestia’.
Después del análisis, la dependencia argumentó contar con “elementos suficientes para evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, procuración de justicia y seguridad e integridad personales, lo que a su vez conllevó a la violación del derecho a la vida” en agravio de las dos mujeres asesinadas, que días antes declararon como testigos del delito de extorsión.
En esa ocasión, ambas dijeron ante las autoridades locales, temer por su vida por haber reconocido a varios extorsionadores y carecer de algún tipo de protección.
La CNDH recomendó al gobierno de Velasco la elaboración de políticas públicas para proteger los derechos de los migrantes que transitan por territorio nacional, a fin de evitar que resulten víctimas del secuestro, extorsión, trata de personas, entre otros delitos de alto impacto y a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, proteger su derechos.
También recomendó otorgar asistencia médica, psicológica, social y material a los familiares de las víctimas, así como una disculpa institucional que implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrió personal de la procuraduría del estado, entre otras.
Muerte en albergue…
La segunda recomendación en la materia -22/2015- fue dirigida a Arely Gómez, titular de la PGR y al gobernador de Chihuahua, tras la muerte de una niña de 12 años originaria del Ecuador, ocurrida en un albergue del DIF estatal en Ciudad Juárez. El documento tiene fecha del 27 de julio.
De acuerdo a la recomendación, el cuerpo de la menor fue encontrado el pasado 11 de marzo de 2014 en el baño del albergue, cuatro días después de haber sido asegurada por autoridades locales cuando viajaba con un sujeto que después declararía dedicarse a pasar personas, de manera ilegal, a territorio norteamericano.
La CNDH sostiene que el DIF de Chihuahua vulneró el derecho a la integridad psicológica de la niña, al no supervisar de manera adecuada los “servicios que delega mediante convenios”-dado que el albergue es operado por una asociación civil, a través de un acuerdo con el DIF- pues observa que la menor “no estaba convenientemente cuidada ni supervisada” al documentar que permaneció sola en un estado emocional que “le era desfavorable”.
De acuerdo al dictamen de Criminalística y Medicina Forense, suscrito por peritos en la materia, el fallecimiento de la menor se debió a asfixia por ahorcamiento; “las declaraciones de los testigos y los indicios observados descartan fehacientemente la participación de un victimario en la muerte de la niña y la determinan como de tipo suicida”, se argumenta en el documento.
Sin embargo, el mismo explica que un perito en materia de psicología emitió una opinión enfocada a probables alteraciones como aislamiento social, enojo, falta de confianza, vergüenza, angustia, ansiedad y depresión, luego que un examen médico concluyó que la menor tenía lesiones producto de una agresión sexual, ocurrida tiempo antes de ser asegurada por las autoridades.
Desgraciadamente, se omitió brindar atención psicológica a la niña y se documentaron violaciones al debido proceso y a su derecho de acceso a una vida libre de violencia, contraviniendo así el interés superior de la niñez, además de la responsabilidad institucional.
A la procuradora se recomienda reparar el daño, incluyendo una indemnización y atención psicológica a dos víctimas indirectas no identificadas, ofrecer una disculpa pública y el reconocimiento de la responsabilidad institucional, así como capacitar a agentes del Ministerio Público de la entidad sobre derechos de los niños migrantes no acompañados.
Al gobierno de Duarte se le recomienda impartir capacitación a los elementos de la Procuraduría Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social del DIF estatal, una disculpa pública a las víctimas indirectas, elaborar un protocolo de actuación con base en estándares de protección especial a los derechos humanos de menores que migran sin compañía, además, que se investiguen los convenios de colaboración suscritos con las organizaciones civiles.
Al INM, por partida doble
Las otras dos recomendaciones en la materia fueron dirigidas al Instituto Nacional de Migración (INM): una con fecha del 24 de agosto por violaciones al derecho a la protección de la salud y seguridad jurídica en agravio de un niño migrante no acompañado, originario de Honduras y la segunda, por diversas violaciones cometidas por personal del instituto, adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en agravio de usuarios del mismo. Esta última fue emitida el 30 de noviembre.
A través de una queja, la CNDH tuvo conocimiento de maltratos al menor de 12 años, alojado en la Estación Migratoria de Toluca, en el estado de México, quien incluso, tuvo que ser atendido por la Cruz Roja. El niño declaró posteriormente que fue encerrado por cinco días, en una celda del área de adultos en la estación del Distrito Federal.
En el segundo caso, la comisión documentó agravios –en diferentes hechos- en contra de 21 usuarios del aeropuerto, de varias nacionalidades y uno más mexicano, provenientes de vuelos internacionales, quienes fueron sometidos a “filtros de revisión”.
Tras considerar que “existían inconsistencias en sus declaraciones”, personal del INM los llevó a sus oficinas dentro del AICM, donde permanecieron prácticamente incomunicados y varios, sin la asistencia de traductores.
Se documentó que algunos de ellos fueron agredidos verbalmente por el personal migratorio y otros retenidos debido a la existencia de supuestos requerimientos de autoridades judiciales que no fueron acreditadas.
Entre las recomendaciones por ambos casos se enumera: reparar el daño, garantizar atención médica a las personas alojadas en las estaciones migratorias, así como la impartición de cursos de capacitación y sensibilización a los servidores públicos.
