De acuerdo a las declaraciones de la abogada colombiana Ángela María Buitrago (Miembro del GIEI), la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “fue permanentemente obstaculizada por altos funcionarios del gobierno mexicano y colaboradores muy cercanos de Enrique Peña Nieto.”
“Esa es la información que recibimos, que personas que estaban en Los Pinos o en oficinas de la Presidencia paraban solicitudes nuestras y daban contraórdenes a la gente de la Procuraduría General de la República que tenía que facilitarnos nuestra labor”, afirma Buitrago en entrevista para Proceso.
En el caso Ayotzinapa, dice, “lo que hubo es una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo, cuando realmente no se estaba haciendo nada”.
Recuerda que “frente a las solicitudes de peritajes, búsquedas, interrogatorios o acceso a expedientes que hacía el GIEI a las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, algunas veces la respuesta era: ‘Sí, sí, lo vamos a investigar’, pero nunca pasaba absolutamente nada”, señala al mismo medio.
Y en otras ocasiones, indicó, “nos decían: ‘No se puede’, y no atendían nuestras peticiones, les daban largas o las postergaban, sabiendo que nuestro mandato en México (de marzo de 2015 a abril de 2016) ya iba a terminar”.
De acuerdo con Buitrago, “había funcionarios que querían cooperar con el GIEI, como la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, pero a ella y a otros funcionarios bajo su mando los paraban”.
