(19 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Esteban Gómez Jiménez se encuentra preso desde hace más de cuatro años en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 14, conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa, Chiapas.
Originario de la comunidad indígena San Sebastián Bachajón, Chiapas, fue acusado de asaltar un autobús de transporte ADO; sin embargo, los elementos encargados de la detención nunca declararon haberlo encontrado en el lugar de los hechos, por el contrario, a Esteban lo detuvieron cuando se encontraba trabajando a una distancia de dos horas del lugar de los hechos.
En un primer momento, estuvo en el penal de Playas de Catazajá y después fue trasladado a “El Amate”, donde fue acusado de portación de arma de fuego, homicidio y dos asaltos. Sin que hubiera pruebas que demostraran su culpabilidad, estuvo a punto de ser absuelto.
Sin embargo, a mediados de este año, le imputaron el delito de delincuencia organizada. Él y otros activistas aseguran que este último señalamiento, es parte del hostigamiento a los miembros de la organización indígena de la selva Lacandona la Sexta Nacional e internacional.
“El de Esteban, es un caso más de impunidad y cinismo gubernamental, parte de la política que se implementó desde la llegada del priismo y ahora con mayor fuerza con el PVEM, la derecha trabaja así, acalla a los líderes sociales con sangre y muerte o la cárcel”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, Diego Loarca, investigador social independiente y activista social.
“El caso de Esteban es emblemático porque no existen pruebas ni hay delito qué perseguir; sin embargo, ser luchador social lo condena al peor de los castigos, por lo que le fabricaron un cargo más, uno complejo: el de delincuencia organizada. Pretenden que pague él y no las bandas criminales como los Zetas, cártel que hoy tiene la vía libre en Chiapas y que dominan con toda libertad las ciudades fronterizas de esta entidad”, agregó.
En una carta, dirigida a las organizaciones sociales nacionales e internacionales a quienes pide ayuda, Esteban afirma que, en Chiapas “el mal gobierno, los ministerios públicos, tanto como los jueces de las primeras instancias, contratan a las personas, o a los policías estatales, para fabricar estos delitos”.
Además, afirma que el verdadero delito por el que lo detuvieron, es por formar parte de una organización que “le ha abierto los ojos a la población”, para unirse a la lucha social que distintos pueblos indígenas mantienen en contra del despojo, las ejecuciones extrajudiciales y la imputación de falsos delitos en contra de activistas y líderes indígenas.
Esteban Gómez Jiménez, mantuvo una participación importante en la capacitación de otros miembros de su población, en el cultivo y defensa de sus tierras, de empresas y gobiernos que pretendieron en distintas ocasiones despojarlos de sus propiedades.
“Chiapas es ejemplo de represión e impunidad; sin embargo, siendo la frontera olvidada, todos los crímenes, principalmente en contra de indígenas, son invisibles. Las mismas organizaciones tienen que viajar a la capital, hacerse escuchar, porque todo lo que esté fuera del perímetro de la capital, no existe hasta que llegue a los escritorios de las autoridades”, asegura Loarca.
Además, afirmó que “El Amate” está plagado de presos políticos y que en muchas ocasiones son torturados y sometidos a tratos crueles e inhumanos, principalmente los indígenas.
“Son ellos los que frecuentemente son usados como falsos culpables, aprovechándose de que no saben leer y que con mayor facilidad aceptan un delito antes que arriesgarse a que las policías abusen sexualmente de las mujeres de sus familias o asesinen algún otro miembro”, agregó.
“Así, finalmente, terminan pagando una condena. Si alguna organización se percata del caso, tendrán una pequeña luz de esperanza; de lo contrario, se quedan en el olvido, principalmente porque desconocen aún más que cualquier otro, sus derechos”, agrega el experto.
Santiago Bachajón es uno de los municipios de Chiapas con mayor número de presos políticos, todos ellos indígenas, que generalmente son acusados de homicidios. Entre ellos se encuentra Emilio Jiménez Gómez y Santiago Moreno Pérez, el primero, acusado de ser el asaltante de un turista italiano y el segundo, de homicidio calificado.
Sobre Santiago, se asegura que fueron priistas quienes lo inculparon al formar parte de la Sexta Declaración, por ello se consiguió con facilidad una orden de aprehensión; además le confiscaron el pequeño terreno que tenía y dejaron a su familia sin un sitio donde vivir.
