Este lunes, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que se haya dejado en libertad a Luis Alonso ‘N’, funcionario de Puerto Vallarta, señalado como presunto abusador sexual de una menor de diez años.
Mediante su cuenta de Twitter, escribió:
“Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil”, escribió.
Por otro lado, reveló se separó de su cargo su cargo al juez que optó por no vincular a proceso al funcionario, bajo el delito de corrupción de menores “y pagará las consecuencias de su inmoralidad”, detalló.
“El Gobierno del estado y la Fiscalía haremos todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de la cárcel en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece”, destacó.
Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil.
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020
El pasado primero de agosto, Luis Alonso “N”, jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido después de ser encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda.
Luego de ser llevado ante la justicia, el juez de Control y Oralidad del Municipio decidió no vincularlo con el argumento de que “los hechos por los que se le acusaba al imputado se trataban del mismo bien jurídico tutelado por los cuales ya estaba vinculado en otro proceso por el delito de abuso sexual infantil”.
Posteriormente, mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco declaró a través de un comunicado que apelará la decisión del juez: de acuerdo con la dependencia, existe una inexacta aplicación de la ley ya que “ambos delitos pueden coexistir con independencia del bien jurídico tutelado”.
La FGE también consideró que la resolución otorgada vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Además de que “esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género”.
