(12 de diciembre, 2014).- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha espiado y realizado un seguimiento de las actividades de Vidulfo Rosales y Abel Barrera, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Con ello demuestran que la actividad legal de defender las garantías básicas es considerado un delito por las autoridades mexicanas, denuncian ambos afectados.
En entrevista con La Jornada, los defensores de derechos humanos criticaron que los esfuerzos del Estado se enfoquen en colocar la mirilla sobre ellos y no en encontrar a los 42 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Al respecto de las declaraciones del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, mencionaron que se trata de una campaña gubernamental para descalificar y criminalizar a los padres de familia.
Vidulfo Rosales señaló que al espiar y considerar como un peligro a los defensores de derechos humanos se busca intimidar a quienes protestan. Aclaró que el Cisen lo vincula con organizaciones campesinas y populares a las que ha brindado asesoría jurídica y reiteró: “No veo nada de subversivo en eso, sólo el ejercicio de nuestros derechos legales, porque la base de nuestro trabajo es la Constitución”.
Ambos entrevistados contemplan la represión contra los padres de familia como una posibilidad, pues las declaraciones del titular de la Marina envidencian temor por parte de las Fuerzas Armadas a que se investigue la responsabilidad deel Ejército en la desaparición de los normalistas.
