(25 de enero, 2015).- El senador estatal Kevin de León de California afirmó que “hay un río de metal formado por unas 2,000 armas de fuego que diariamente cruzan la frontera a México” declarando que es lo que imposibilita a las autoridades mexicanas reducir el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Declaración que formó parte de sus argumentos para conseguir una resolución donde se pedía al presidente Barack Obama y al congreso federal “una sólida prohibición de armas de fuego de alto poder y de cargadores de municiones de alta capacidad”.
Asegurando que “México debe ser una prioridad para nuestro gobierno federal, por lo tanto, las autoridades estadounidenses deben responder firmemente al flujo obsceno de armas que migran libremente a través de la frontera de Estados Unidos hacia México”
También afirmó que “mucha gente en Estados Unidos está al tanto de la violencia que se registra en México, donde en un fin de semana ocurren unas cien ejecuciones, la mayoría de las personas no está consciente de que el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos que cruza a México es lo que está generando la violencia”.
Alentó a que Estados Unidos intervenga, deteniendo el flujo de armas. La resolución SJR10 que propuso De León, ya aprobada “demanda un nuevo enfoque de todas las agencias federales relacionadas con la venta y contrabando de armas de fuego y con la seguridad e inspecciones en la frontera, pero puntualmente se debe prohibir la venta de armas de mayor poder”.
La manera en que funcionará dicha resolución se basa en que las oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Inmigración y Aduanas (ICE) y al Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ese en enviar un informe cada vez que una persona solicite comprar un rifle de asalto, una arma de mayor capacidad o cartuchos útiles para esos tipos de armas.
Llegado éste, se debe profundizar en las verificaciones de antecedentes criminales a toda venta de armas, incluyendo la venta en exhibiciones de armas, para evitar el tráfico, y para mantener registros de compras que sirvan a las agencias del orden para rastrear criminales armados y resolver crímenes en los que se utilicen armas de fuego.
Sobre el tema el senador Alejandro Encinas comentó en octubre pasado que, México pasó de ocupar el lugar 22 en el tráfico de armas, al quinto a nivel mundial, señalando que el crimen organizado, la delincuencia común y los ciudadanos adquieren armas en el mercado negro por un monto estimado en 127 millones de dólares anuales.
Argumentando que el 65% de las armas ilegales están en poder del crimen organizado y 35% las poseen civiles para su protección personal, proponiendo replantear la política de combate al tráfico ilegal de armas y analizar el modelo a seguir en México: la prohibición absoluta, control y registro, libre acceso a una nueva modalidad de control y desarme.
Recalcando que los estados con mayor índice de este delito son Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Distrito Federal, Sonora y Guanajuato. Y en sus respectivas ciudades fronterizas: Tijuana y Mexicali en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; San Luis Río Colorado en Sonora; y Nuevo Laredo en Tamaulipas. En el Distrito Federal, las zonas que presentan mayor importancia en cuanto a tráfico de armas son el Centro, Tepito, y colonias como la Doctores, la Buenos Aires y la Peralvillo.
A lo anterior se suma el frecuente decomiso de armas en municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala que únicamente hacen suponer un continuo e intenso tráfico de armas en Escuintla, Acapetahua, Tuxtla Chico, Suchiate, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mapastepec, Acacoyagua, Huixtla, Motozintla y Metapa de Domínguez.
