(12 de mayo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2017, México vivió el año más mortífero en dos décadas, con más de 25 mil homicidios. No obstante, pese a los numerosos crímenes que se han cometido en el país, la justicia por hechos delictivos sigue siendo prácticamente inexistente. La violencia desmedida que experimenta México, y los interrogantes que plantea sobre la connivencia entre actores estatales y delincuencia organizada, exigen una respuesta acorde, plantea Open Society Justice Initiative.
El reciente informe de la organización, titulado: Corrupción que mata: Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad, ha dirigido los reflectores nacionales e internacionales hacia la comisión de crímenes de lesa humanidad en México.
Por medio de documento, la organización insta a que se adopte un mecanismo internacional—establecido en el país pero integrado por miembros nacionales e internacionales—al cual se encomiende investigar y juzgar en forma independiente delitos atroces, así como los actos corruptos que los posibilitan.
Anteriormente, la misma organización dio a conocer el informe Atrocidades innegables, publicado en 2016, que identificó indicios razonables para creer que miembros de fuerzas federales mexicanas y del cártel los Zetas han cometido delitos de lesa humanidad.
En 2017, ha decir por el documento, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.
La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos, se ha informado.
Es por lo anterior que, Open Society señala que la impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos, de acuerdo con el documento revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
“En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces.
“De hecho, a lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata”, se explica.
Los casos recientes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas continúan resaltando el peligro de involucrar a los militares en tareas de seguridad pública, señala el documento y ejemplifica que, en mayo de 2017, apareció un video que mostraba el asesinato de un civil por parte de un soldado en Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla.
Los militares habían declarado que una operación de seguridad contra el crimen organizado en la noche del 3 de mayo de 2017 se había convertido en un tiroteo que resultó en 10 muertes y una docena de heridos. Sin embargo, el video publicado en las redes sociales muestra a un soldado disparando a quemarropa a un individuo ya sometido que yace en el piso y que apareció más tarde contado entre las víctimas de la confrontación.
Otros casos recientes de ejecuciones extrajudiciales incluyen la muerte de seis civiles (cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de dos meses) que se escondían en el baño de una casa en Temixco el 3 de diciembre de 2017. La policía estatal de Morelos afirmó que el tiroteo fue en respuesta a un ataque desde la casa, pero los expertos forenses no encontraron pruebas de que las víctimas tuvieran armas de fuego.
“Estos casos subrayan el gran número de muertes resultantes de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los civiles presuntamente miembros de grupos del crimen organizado. Varios investigadores han llegado a la misma conclusión: las intervenciones militares contribuyen a la alta tasa de homicidios en México”.
En cuanto a la tortura, continúa siendo ampliamente utilizada en México. Los grupos del crimen organizado la aplican como una táctica de terror e intimidación, mientras que las autoridades de investigación la utilizan para forzar confesiones, extraer información o imponer castigos extrajudiciales, se añade en el documento.
En el año 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, cuya solicitud de realizar una visita de seguimiento a su informe de marzo de 2015 fue rechazada por las autoridades mexicanas, reafirmó que la tortura sigue siendo “generalizada” en México. El alto número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México respalda esta observación. La Comisión recibió 744 denuncias de tortura y trato cruel e inhumano por parte de las autoridades federales en 2016, y 402 denuncias en 2017.
Las víctimas de tortura por parte de las autoridades gubernamentales, a menudo se encuentran recluidas en bases militares o sitios de detención ilegal donde los métodos de tortura incluyen golpizas, ahogamiento simulado, descargas eléctricas y abuso sexual, se exhibe.
También se hace énfasis en que, durante la administración de Peña Nieto se registraron más casos de personas desaparecidas que en la administración de Calderón. Según la propia cuenta del gobierno mexicano, y como se refleja en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
(RNPED), 34,092 personas están desaparecidas o “extraviadas” desde 2006, año que se considera el inicio formal de la “guerra contra las drogas”. Mostrando un aumento innegable: 13,767 personas desaparecidas registradas durante la administración de Calderón en comparación con 20,325 durante el período de Peña Nieto, se informa.
De manera similar, el número de desapariciones reportadas oficialmente durante los últimos dos años (2016 y 2017) alcanzó, como en el caso de los homicidios, niveles más altos que el peor año (2011) de la administración de Calderón.
Las autoridades registraron un total de 4,135 casos de desapariciones a nivel estatal y federal en 2011, en comparación con 4,745 en 2016 y 4,152 durante los primeros 10 meses de 2017. Sin embargo, expertos y grupos de víctimas cuestionan la credibilidad del RNPED.
Una de las principales críticas es que el registro nacional se basa de manera exclusiva en información proporcionada por las procuradurías/fiscalías estatales y la PGR, sin integrar otras fuentes.36 Además, existen diferencias importantes de un estado a otro en la presentación de informes a RNPED.
“En algunos estados, no informan en absoluto, otros informan tarde o las cifras están bajas porque el delito de desaparición es clasificado como “secuestro”. En conclusión, hay buenas razones para creer que el número real de personas desaparecidas es mucho mayor que las cifras de RNPED”.
Lo que significa que, prácticamente no hay rendición de cuentas por miles de desapariciones perpetradas en México desde 2006, las cuales incluyen las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por actores no estatales, denuncia Open Society.
Cabe señalar que, los pocos casos de desaparición forzada que se han llevado a juicio hasta la fecha sugieren un patrón de utilización de chivos expiatorios de oficiales de menor rango para evitar investigaciones sobre los máximos responsables.
Por ejemplo, antes de 2016, México había informado a las Naciones Unidas sólo 14 condenas por desapariciones forzadas, seis de las cuales fueron para hechos ocurridos antes de 2006. La información obtenida por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indica que, de las 37 investigaciones iniciadas contra militares sospechosos de cometer desapariciones forzadas, solo ha habido tres condenas.
