(21 de febrero, 2016.- Revolución TRESPUNTOCERO).- En México hay, por lo menos, 76 penales con condiciones muy similares a Topo Chico. Esto ha sido señalado en el último informe del diagnóstico del sistema penitenciario realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo que significa que, de no tomar las medidas necesarias, una tragedia como la ocurrida el pasado miércoles 17 de febrero en dicho penal de Nuevo León puede volver a ocurrir.
La organización México Evalúa, se ha mostrado particularmente preocupada por esta situación, pues, según sus palabras, el motín de Topo Chico -el cual cobró la vida de al menos 49 internos- debe servir de señal de alarma sobre la situación crítica del sistema penitenciario en México.
“No tenemos un sistema penitenciario, no tenemos cárceles que puedan cumplir la función para la cual fueron destinados (…) Lo que está sucediendo es que se les deja a los internos llevar incluso las tareas de control de seguridad en el penal, a la falta de custodios es muy importante tener colaboración con los internos, pero estos internos empiezan a cobrar todo tipo de servicios a cambio de sus servicios, pueden tener concesionados la comida, el agua, las medicinas, la ropa” dijo en entrevista para Radiofórmula Layda Negrete, coordinadora del proyecto de Calidad y Justicia de dicho organismo.
Y es que según esta instancia, las condiciones de ingobernabilidad que permitieron los enfrentamientos en el penal de Topo Chico son similares a las que existen en muchas cárceles del país. Las autoridades federales y estatales deben hacerse responsables por las deficiencias del sistema penitenciario, y esto debería realizarse mediante la aprobación de una Ley Nacional de Ejecución Penal que mejore las condiciones de gobernabilidad de las cárceles en México.
Como se ha mencionado antes, las deficiencias en los centros penitenciarios han sido identificadas desde hace años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “Desde hace al menos un lustro, Topo Chico, que concentra la mitad de la población penitenciario del estado, presenta debilidades estructurales en condiciones clave como su gobernabilidad (con una calificación en 2014 de 4.44 en una escala de 0 a 10, donde 0 refleja las peores condiciones), las garantías que ofrecen para la integridad física y moral de los internos (4.74) o su estancia digna (5.34). De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la CNDH, la cárcel de Topo Chico constituía un claro foco rojo: el personal de seguridad y custodia era insuficiente (calificación de cero), los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de cero) y se encontraron sustancias y objetos prohibidos (calificación de 1.63). En resumen, las autoridades 2 no tenían control sobre lo que ocurría al interior del centro ya que la calificación relativa al control de seguridad fue de 2.19”, se lee en un comunicado.
Negrete ha acusado a los senadores del PRI por tener congelada esta legislación y advirtió que se trata de un asunto de corrupción. Ello porque los legisladores priistas, “temen que los gobernadores pierdan el control de un lugar en donde no existen contrapesos y es de donde obtienen ganancias”. Para salvaguardar sus intereses, el PRI lleva frenando esta legislación por tres años, a pesar que esta “es una de las legislaciones que se considera básica para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal, es una pieza importante que cierra el círculo de justicia penal porque si no existen cárceles que sancionen adecuadamente a las personas entonces no se tendrá una sistema completo”, aseguró Negrete.
En el mismo sentido, mediante un comunicado, México Evalúa llamó al Congreso a “que apruebe sin más dilación el anteproyecto de dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lleva congelado más de un año en el Senado, y que tiene el potencial de mejorar las condiciones de gobernadibilidad de los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los internos.”
La legislación en esta materia no puede postergarse. La lamentable situación penitenciaria en nuestro país es una bomba de tiempo: “Lo que sucede actualmente es que están en una enorme fragilidad y desprotección quien está interno, como están atemorizados de no quejarse porque si se quejan se mueren, entonces lo que queremos con esta ley y quienes apoyamos el anteproyecto que existe, es que pueda o sociedad civil o los propios internos decir aquí está fallando y entonces obligar al Ejecutivo corregirse”.
“Difícilmente lograremos pacificar las cárceles mexicanas si en ellas permitimos que la propia autoridad cometa delitos y si permitimos espacios de autogobierno y corrupción”, concluyen.
