(02 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En palabras de Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México se vive un contexto de impunidad absoluta, el cual permite que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, como militares, queden sin castigo y con la posibilidad de volver a cometer delitos en contra de la sociedad.
Al ser entrevistado luego de participar en el foro “Desaparición forzada, una realidad vigente”, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, destacó que será necesario mantener presión ante las instancias internacionales, en aras de que estos organismos exijan al gobierno mexicano acabar con la impunidad y llamar a cuentas a cualquier agente del Estado, responsable de la comisión de alguna violación.
“Creo que lo que debemos seguir haciendo es hacer la presión en las instancias internacionales para que desde éstas se siga exigiendo al Estado mexicano que termine con la impunidad absoluta o casi absoluta que hay en este país”, denunció.
En lo referente a los casos de desaparición forzada, en donde militares se encuentran involucrados, hizo mención del halo de impunidad que cubre a las fuerzas armadas. En este sentido, añadió que será desde la presión de organismos internacionales, el camino por el cual se busque que el gobierno deje de proteger a los soldados.
“Se enoja el Estado que porque se dice que hay tortura generalizada; se enoja el Estado porque se evidencia que hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales podrían ser desapariciones forzadas, pero es la realidad.
“En el caso de la impunidad no podemos decir que sea generalizada; creo que podemos decir que la impunidad es prácticamente absoluta y necesitamos que las instancias internacionales sigan presionando para abrir el cofre de la impunidad, que salga a la luz la verdad, y que se vayan a la cárcel los militares que se tengan que ir a prisión”, recalcó.
Ante el grave contexto de crisis en materia de derechos humanos, Santiago Corcuera enfatizó la necesidad, que la sociedad mexicana dé el paso para acabar con la impunidad. Dijo que en Guatemala se ha dado un ejemplo claro de que se pude castigar a los responsables de violaciones graves a las garantías de la población.
“Nuestros hermanos guatemaltecos, que luego los mexicanos los vemos como nuestros hermanos menores, nos están dando unas lecciones de como sí se puede lograr que un Estado juzgue a los perpetradores de graves crímenes cometidos en el pasado. El caso de Chile, de Argentina también lo demuestran
“En México tenemos que dar el paso, y eventualmente se logrará. Estos avances como siempre son milimétricos, a veces hay retorceos, pero creo que las organizaciones de familiares de personas desaparecidas no descansaran nunca y seguirán por el camino hasta hallar la justicia.”
El caso Ayotzinapa evidencia al Estado
Santiago Corcuera enfatizó la relevancia de que se mantenga la exigencia de justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo que este hecho es emblemático, pues evidencía al Estado.
Asimismo, lamentó que muchas voces, entre ellos columnistas, salgan a demeritar la exigencia de justicia en torno al caso, y llegar a declarar “que están hartos del tema”.
“El caso Ayotzinapa es un botón de muestra del fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Es muy bueno que se siga hablando de él, porque es emblemático, simbólico.
“Hay muchas personas ‘molestas’ con los que seguimos hablando de los 43. Lo que no entiende ese sector de la población es que seguimos insistiendo en el esclarecimiento de ese caso porque es un símbolo, en donde fue la atrocidad tan clara, y en donde la participación de agentes del Estado fue tan clara, que entonces es necesario que se aclare en toda su extensión”, detalló.
En lo referente, habló sobre el trabajo que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Destacó que los enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hayan desmentido la “verdad histórica”, con la que “trataron de dar carpetazo al tema y evidenciaron el proceder de las autoridades.
“La participación del GIEI ha sido fundamental para desnudar las deficiencias de los aparatos procuradores-investigadores en este país, y por lo tanto, ellos mismos han hecho propuestas ante su estupefacción de decir: ‘en verdad en este país así se hacen las cosas’. Esto ha fomentado la importancia de la intermediación de la reforma penal, de proceso penal, para que las investigaciones de los delitos se hagan de manera más transparente y eficiente.
“En el caso de la versión de la incineración de los estudiantes, los diferentes dictámenes que han venido surgiendo nos muestran lo que ya los científicos preveían: que la incineración a la intemperie de 43 cuerpos era imposible. Es como si uno lee la sentencia del Palacio de Justicia de Colombia en donde claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que es imposible que un cuerpo se incinere en un incendio, ya que tiene que haber después trituración de huesos y dientes, y no hay horno que queme todo”, explicó.
Aunado a lo anterior, cuestionó la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) y su intención de dar por cerrado un caso con base en una mentira.
“Aunque algunas personas conservadoras, estén, según ellas, ya hartas del caso, seguimos insistiendo en la exigencia de justicia. Me parece inhumano que alguien se atreva a decir que ya están hartos del tema Ayotzinapa. Si fuera la madre o padre de esos jóvenes, entonces no estarían hartas. Que inhumanos, que desgraciados francamente; esas personas. Estarás harto porque no tienes un hijo desaparecido.
“Hay que solidarizarnos con ellos y con todas la demás familias de decenas de miles de personas desaparecidas, que no se han atrevido a salir a reclamar. Y es por eso que en el caso Ayotzinapa es tan importante seguir señalando, para solidarizarnos con las víctimas”, destacó.
Sobre la ley general en materia de desaparición que actualmente se discute en el Senado, el maestro en derecho penal lamentó la tardanza del legislativo para concretar esta nueva legislación. Consideró que a pesar de la demora, es mejor concentrar los esfuerzos y diseñar una ley que sea óptima. Manifestó que la nueva legislación debe salir para este período de sesiones, si no sería “una irresponsabilidad”.
