“A la denuncia de ejecución extrajudicial durante el operativo de desarme de policías comunitarios de La Concepción, en Acapulco, se suman ahora señalamientos de fabricación de pruebas y tortura a manos de agentes estatales”, así lo denunció la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por lo que pidió una investigación independiente.
“A partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo”, indicó el organismo en un comunicado.
“Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
Ayer, Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que al menos uno de los tres policías comunitarios que perdieron la vida en el operativo de desarme del domingo pasado fue ejecutado extrajudicialmente.
La madrugada de ese día se dio un enfrentamiento entre sujetos encapuchados y la Policía Comunitaria en el que murieron ocho personas, dos de ellas de la comunidad; después, agentes del Estado con apoyo de fuerzas federales realizaron el operativo de desarme durante el cual murieron tres comunitarios más y 38 fueron detenidos.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, advirtió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial”.
“De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”, señaló Jarab.
“Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”.
La oficina de Naciones Unidas señaló que “según la información que recabaron el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, y condenó también la agresión a periodistas y que fotografías que habían captado fueran borradas.
Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”, consideró la ONU-DH.
Jan Jarab también lamentó que la narrativa del Gobierno de Guerreo viole la presunción de inocencia de las personas detenidas.
“No aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo”, acusó. Y aclaró que “la ONU-DH sí visitó a los detenidos”, aunque no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban.
“Contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos”, agregó Jarab.
