(29 de abril, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La familia Orozco Medina eran productores de aguacate, originarios de la comunidad de Nuevo Zirosto, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El matrimonio formado por María Elena Medina Vargas y Leonel Orozco Ortiz vivió por muchos años una vida pacífica a lado de sus seis hijos: Moisés, Gabriela, José Iván, Laura, Rosa Elena y Leonel.
Hasta antes de los hechos que provocaron su desplazamiento, la familia tenían en aquella región su casa, sus huertas y una pequeña tienda de abarrotes. María Elena estuvo a cargo de la tienda durante diez años, así como de la organización del hogar.
Su vida fue tranquila hasta diciembre de 2007, cuando José Iván, uno de sus seis hijos, fue detenido de forma arbitraria por militares que lo acusaron de poseer enervantes y portar armas prohibidas.
A partir de entonces, la familia comenzó a vivir una vorágine de crímenes y violaciones a sus derechos humanos que transformaron por completo su vida. La acumulación de pérdidas dolorosas de padres, esposos, hijos y hermanos les impidió dar continuidad a proyectos de vida construidos con esfuerzo y dedicación durante muchos años, caso que describe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Los graves delitos y violaciones a los derechos humanos padecidos por la familia Orozco Medina se inscriben en el complejo escenario de episodios de violencia generalizada con participación de grupos armados organizados y actores estatales en distintos municipios de Michoacán. Las estadísticas locales ayudan a comprender mejor la magnitud de las afectaciones originadas en este contexto de violencia e impunidad”.
Aquel primer evento victimizante sufrido por la familia Orozco Medina ocurrió cuando un convoy de militares llegó al domicilio de José Iván Orozco Medina, en ese entonces de 20 años de edad, en el poblado de Nuevo Zirosto.
Los militares lo detuvieron a él y a otro joven de 14 años y los llevaron a la fuerza a otro domicilio. A ambos los inculparon de tener resguardada a una persona secuestrada en el domicilio al que fueron trasladados, además de vehículos robados, armas y drogas. Durante los tres días que estuvo detenido, José Iván fue golpeado brutalmente hasta aceptar la culpabilidad de dichos actos ilícitos.
Posteriormente lo dejaron en libertad porque, al hacer la investigación ministerial, los vecinos del lugar testificaron a su favor, indicando que los militares lo habían llevado por la fuerza al lugar de los hechos delictivos para después incriminarlo.
Cuatro meses después, alrededor de las 16:30 horas, José Iván viajaba en compañía de tres de sus trabajadores sobre la carretera de Copetiro y Peribán, cerca de su domicilio, cuando un retén militar les marcó el alto para revisar el automóvil.
Al no encontrar nada, los militares tomaron unas fotografías a José Iván y lo dejaron ir. Esa misma noche un convoy con cerca de 28 elementos del ejército entró a la localidad de Nuevo Zirosto, dirigiéndose al hogar de la familia Orozco Medina.
Aproximadamente a las 23:30 horas tiraron la puerta de su casa, irrumpieron en su domicilio sin orden de cateo o alguna orden judicial, registraron toda la vivienda y se llevaron detenido a José Iván, acusándolo de uso de armas exclusivas del ejército y posesión de drogas.
Antes de marcharse, el comandante a cargo exigió a sus padres, María Elena y Leonel, una fuerte suma de dinero como condición para no llevárselo detenido. Al verse imposibilitados a pagar la cantidad exigida, los soldados sustrajeron dinero, objetos de valor y un vehículo perteneciente a la familia. Mientras se llevaban a José Iván de forma violenta, le dirigieron las siguientes palabras: “a ver si esta vez sales; eso te pasa por andarte quejando en Derechos Humanos”.
Los soldados trasladaron a José Iván a la Base de Operaciones Militares de Uruapan. Al día siguiente, el ejército lo puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), con signos de tortura, argumentando que lo habían detenido en un retén cerca de Nuevo Zirosto, hallando en su posesión drogas y armas de uso exclusivo del ejército.
“Posteriormente inició el proceso penal de dicha imputación. Tras la fabricación de estas pruebas incriminatorias, José Iván permaneció injustamente preso durante más de cuatro años (entre 2007 y 2012)”, informó la Comisión.
Los padres de José Iván denunciaron la extorsión y detención arbitraria e ilegal de su hijo por parte de elementos militares. Don Leonel se movilizó para presentar una denuncia ante el MPF contra los soldados; durante el proceso penal, solicitó por medio de sus abogados el careo entre él, su hijo pequeño Leonel (también testigo de la detención arbitraria) y los elementos militares que tomaron preso a José Iván.
“Esta solicitud causó un gran disgusto entre los soldados, quienes amenazaron a Don Leonel. A partir de entonces, la familia completa fue blanco de hostigamientos y persecución por parte de las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno mexicano”, durante el sexenio de Felipe Calderón.
El 3 de julio de 2008, dos días antes de acudir a su cita para presentar pruebas contra los militares ante la CEDH de Michoacán por la detención ilegal de su hijo, Don Leonel fue detenido y desaparecido cuando se encontraba en su hogar en Nuevo Zirosto.
Alrededor de las 19:30 horas, cuatro sujetos vestidos de civil, con armas largas y apariencia de soldados, ingresaron a su domicilio y lo sacaron con violencia. El grupo se identificó como policías judiciales y afirmaron tener una orden de aprehensión contra él, pero se negaron a mostrar tanto la orden como sus credenciales. En cambio, encañonaron a su esposa María Elena, a Leonel (el hijo menor de la familia) y a un hermano de Don Leonel, quien se encontraba de visita.
Sacaron de su casa a Don Leonel, quien no se podía mover por sí solo debido a su condición de cuadriplejia, y lo aventaron en la parte trasera de una camioneta. Los sujetos que se llevaron a Don Leonel dejaron su silla de ruedas. Entonces, el hermano y el hijo menor de Don Leonel fueron tras ellos en una camioneta. Los rebasaron por un atajo y llegaron a un poblado donde se encuentra un puesto de control militar. Relataron lo sucedido y solicitaron auxilio, pero los militares, en forma burlesca, hicieron caso omiso a su llamado, permitiendo a los captores de Don Leonel pasar sin problema.
Al día siguiente la familia recibió una llamada de los secuestradores pidiendo una cuantiosa suma de dinero a cambio de la libertad de Don Leonel. La familia Orozco Medina no tenía el dinero que pedían por el rescate, por lo que durante 22 días se dedicaron a reunir el monto solicitado. Se entregó una parte del rescate y después vendieron una propiedad para completar la cifra exigida.
María Elena interpuso una denuncia por la supuesta detención en la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán en el área de Antisecuestros. Casi de inmediato, los secuestradores de Don Leonel se comunicaron con ellos, lo que los hizo sospechar de posibles vínculos entre los captores y la Procuraduría.
“Además de la fuerte suma de dinero que ya habían pagado, les exigieron una huerta de aguacate como condición para dejar libre al padre de familia. El dinero lo juntaron como pudieron, pero jamás les entregaron a Don Leonel. A pesar de interponer la denuncia en la Procuraduría, no se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes del secuestro y desaparición del jefe de familia”, se informó.
“Nunca nos hablaron para decirnos dónde lo iban a dejar. Ellos decían que no fuéramos a denunciar ni nada, pero nosotros vinimos a la Procuraduría. Pusimos la denuncia y nunca se hicieron investigaciones. Nunca hicieron nada. Cuando nosotros venimos a la Procuraduría, ellos ya saben que ya pusimos la denuncia. Ellos se dan cuenta luego, luego de que ya la denuncia está puesta. Entonces no volvemos a tener ya comunicación con ellos. No volvemos a saber nada de mi esposo hasta la fecha”, relató a la Comisión un miembro de la familia en 2018.
El 18 de abril de 2009 se llevaron también a Leonel Orozco Medina, de 17 años, el menor de la familia. Al regresar de su trabajo, a tres cuadras de su domicilio, Leonel fue interceptado por sujetos que portaban insignias de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes dispararon balas de salva contra su vehículo hasta obligarlo a bajar.
Al día siguiente, la familia interpuso un amparo indirecto en los juzgados de distrito de Uruapan contra la detención y desaparición realizada por los agentes de la AFI; sin embargo, las autoridades negaron la detención de Leonel.
A los tres días de su detención, los secuestradores le hicieron saber a la familia Orozco Medina que ellos eran los mismos sujetos que habían desaparecido a Don Leonel. A cambio de la vida del joven Leonel, pidieron la misma cantidad que exigieron por el esposo de María Elena, así como huertas de aguacate.
María Elena presentó entonces una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado, en el grupo de Antisecuestros de Morelia. De nueva cuenta, a las pocas horas de interponer la denuncia, la madre de Leonel recibió un mensaje amenazante para exigir la entrega del rescate.
Moisés Orozco Medina, hermano de Leonel, siguió consiguiendo el dinero del rescate y partió hacia un municipio cercano para negociar con los secuestradores. Tras una negociación infructuosa, perdió la comunicación con los criminales. Aunque no lograron juntar todo el dinero, les dieron más de la mitad de lo que exigían por el rescate, pero jamás entregaron a Leonel. La Procuraduría tampoco dio inicio a las investigaciones correspondientes por la desaparición del hijo más joven de la familia.
La desaparición de Leonel fue el hecho culminante de la serie de delitos y amenazas que terminó por motivar el desplazamiento interno forzado de la familia Orozco Medina. La señora María Elena resume el terror que invadió a la familia con las siguientes palabras:
“Ese mismo día de la negociación fallida le dijeron a mi hijo que nos iban a acabar; que iban a acabar con todos. Dijo mi hijo: ‘vámonos de aquí mamá, ya del pueblo, porque ya me dijeron que van acabar con todos’”, de acuerdo al testimonio en 2018.
María Elena y el resto de sus hijos decidieron irse de Nuevo Zirosto por temor a ser blanco de nuevos ataques. A los hermanos de María Elena los dejaron a cargo de su casa, propiedades y del trabajo en los huertos de aguacates.
En este país, cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, ya sea como respuesta ante un hecho victimizante o como medida preventiva frente al contexto de violencia imperante en el país. Al ser forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia habitual, se convierten en personas internamente desplazadas.
El acallamiento del fenómeno del desplazamiento interno forzado y sus dimensiones no invisibiliza la violencia generalizada que ha permeado por todo el territorio nacional, ya que esta puede verse reflejada, por ejemplo, en el incremento diario de las tasas de homicidio, en el número de personas desaparecidas y en el número de fosas clandestinas.
“El único impacto real es la revictimización de un amplio sector de la población que vive en esta condición”, sentencia la CMDPDH, en su estudio Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, al que ha tenido acceso Revolución TRESPUNTOCERO.
En el documento la Comisión profundiza en el análisis cuantitativo del fenómeno, mediante instrumentos estadísticos oficiales.
“El alcance de este ejercicio nos ha permitido estimar cifras sin precedentes, así como obtener información inédita sobre la población en condición de desplazamiento interno forzado en México, a pesar de que las herramientas estadísticas no están diseñadas para medir en su justa dimensión el fenómeno”, se señala.
