(10 de diciembre, 2014).- El asesinato de Érika Kassandra Bravo fue calificado por el gobernador de Michoacán como un “hecho aislado”.
Al ser cuestionado por los medios sobre la necesidad de activar la alerta de género en algunos municipios, Salvador Jara respondió contundente: “una declaratoria de ese tipo sólo generaría psicosis en la sociedad y si uno hace mucho ruido, se pueden salir las cosas sin control”.
La declaración de Jara en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos confirmó lo dicho por María de la Luz Estrada durante la presentación del informe Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar 2012-2013: “a los gobiernos estatales y al federal no les interesa proteger el derecho de las mujeres a la vida”.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticó que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) no esté operando pese a que recibió un presupuesto de 15 millones de pesos.
Además, María de la Luz indicó que el 91 por ciento de las órdenes de protección emitidas por la autoridad se concentraron en Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas.
La defensora de los derechos de las mujeres señaló que 30 por ciento de los asesinatos ocurridos en el país son calificados como “feminicidios íntimos”, con lo cual se busca explicar que los responsables sean parejas, ex parejas o hijos de las víctimas.
Otra problemática es que muchos de los asesinatos ni siquiera son catalogados como feminicidios, mencionó Selene Vázquez Alatorre, diputada del Congreso local de Michoacán, quien está proponiendo la conformación de una mesa interinstitucional que incluya a la sociedad civil organizada y los padres de las víctimas.
La legisladora afirma que en lo que va del año se registraron 124 homicidios dolosos cometidos contra mujeres, de los cuales sólo ocho fueron considerados feminicidios.
Según datos de la Procuraduría, en 2012 se reportaron 117 homicidios en la entidad, para 2013 disminuyó a 111, explicó la legisladora, pero la disminución no necesariamente debe ser entendida como una mejora en la calidad de vida de las mujeres, por lo que acusó a Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, de “maquillar” la realidad.
