En un hecho sin precedentes para Oaxaca, el gobierno estatal ha puesto en marcha un proceso para el regreso de 153 familias que fueron obligadas a abandonar sus hogares en la agencia Guadalupe Victoria, del municipio de San Juan Juquila Mixes. Después de casi ocho años de exilio forzado, estas 471 personas podrán volver a sus tierras, marcando un paso crucial hacia la paz y la reconstrucción social en la región.
El desplazamiento de estas familias ocurrió en 2017 debido a un violento conflicto por límites de tierras entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec. La disputa, que generó amenazas y agresiones armadas, dejó a cientos de personas sin más opción que huir, viviendo desde entonces en el desarraigo, con acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación.
Un proceso histórico con un camino por delante
El gobierno de Oaxaca ha calificado este proceso como un hito en materia de derechos humanos y paz, ya que se están siguiendo protocolos que garantizan un retorno seguro y acompañado por instituciones estatales y federales, así como por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Como primer paso, un grupo de 10 representantes de las familias visitó la comunidad para verificar el estado de sus viviendas.
Una mirada al pasado:
El desplazamiento forzado interno en Oaxaca ha sido un problema recurrente. En 2019, el estado ocupó el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de personas desplazadas, con casos emblemáticos como los de Tierra Blanca y San Juan Copala, que aún siguen sin resolverse por completo. Ante esta realidad, el reciente regreso de las familias de Guadalupe Victoria representa un cambio importante en la forma en que el gobierno aborda estos conflictos. La noticia coincide con la aprobación en el Congreso local de la Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, una herramienta legal que castiga este delito con hasta 24 años de cárcel.
Como parte del proceso de retorno, se ha anunciado la reactivación de los servicios de salud y educación en la comunidad, así como la construcción de un parque comunitario para fortalecer la vida social de los habitantes. A pesar de estos avances, el operativo de seguridad desplegado con la presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, demuestra que el conflicto aún no está del todo resuelto y que la presencia de las autoridades es vital para garantizar la seguridad de las familias que vuelven a casa.
