Este viernes se conmemora el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto. Ante ello, organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México”.
Esto, afirmó Greenpeace, como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país, socializando los instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, “ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68% del capital invertido era de origen canadiense”.
Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, advirtió que a fines de 2014, “se registraron un total de 25, 267 concesiones mineras, que, según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7% del territorio nacional. Ello, explicó “ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”.
La concesión a proyectos mineros, advierte Greenpeace, implica, entre otras cosas, “la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas”.
Asimismo que en 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reportó la existencia de 177 ANP en el país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que representan 12.1 por ciento del territorio nacional.
Sobre el manual apuntaron, es un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y territorios de esas invasiones
“Es importante aclarar que no estamos en contra del desarrollo pero éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las personas. No es válido implantar un modelo basado en el extractivismo, que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras formas y modelos de vida que se piensan arcaicos y que, por tanto, se condenan a la desaparición. Ese modelo lleva sólo al choque de visiones y detona conflictos y un clima de mayor violencia”, dijo María Colin, asesora legal de Greenpeace.
