Záyin Dáleth Villavicencio / @ZayinDaleth3_0
(23 de agosto, 2013).- Luego de que se les dictara auto de formal prisión a cinco comuneros detenidos el pasado 14 de agosto en San Miguel de Aquila, Verónica Bedolla, representante jurídica de la comunidad, advirtió que los indígenas fueron sujetos a un proceso “irregular” y violatorio de sus garantías.
Y es que el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia con sede en Morelia, Michoacán, decretó formal prisión a cinco comuneros detenidos el pasado 14 de agosto, durante el operativo coordinado de fuerzas federales y corporaciones estatales en el municipio de Aquila, por contar con supuestas órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro, lesiones, robo y robo calificado.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que “el juez en la materia determinó que con base en los elementos aportados existen indicios de la participación de Agustín Villanueva Ramírez en los delitos de secuestro, lesiones y robo en dos procesos distintos, por los delitos antes mencionados”.
“Mientras que en el caso de Salvador Martínez Cárdenas, Vicente Villanueva Ramírez, Efraín Villanueva Ramírez y Guadalupe Magaña Orozco, también se acreditó su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y lesiones”.
Este jueves, tras vencer el plazo constitucional para el desahogo de pruebas y declaraciones, la abogada aseguró en entrevista que el procedimiento se había realizado a por medio de “exhortos” girados desde el municipio de Coahuayana, lo que obligaba a detener el proceso.
Al respecto, explicó: “los defensores no podemos ir a Coahuayana porque allá nos amenazan, ni siquiera podemos ir a hacer diligencia del exhorto”. Lo que, dadas las condiciones de inseguridad, dijo, constituye una violación directa a sus garantías.
En lo que corresponde al proceso penal, manifestó que los indígenas recluidos en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, “no han tenido una garantía fundamental y no se les han respetado sus derechos, comenzando por su presunción de inocencia”.
Además, sus derechos humanos “también fueron violentados desde hace ya mucho tiempo”, cuando no se les garantizó la seguridad y cuando el Estado no reconoció a la comunidad indígena su autonomía y libre determinación.
Bedolla también lamentó que, el pasado 19 de agosto, el juez responsable del proceso en Colima haya fallado a favor de Fidel Villanueva Espinoza como comisario de Bienes Comunales de San Miguel de Aquila, luego de que fue removido por la Asamblea Comunal.
Aunque la orden del juez dicta que debería ser restituido, “es la asamblea la que decide y nuestro comisariado electo por la mayoría es Octavio Villanueva Ramírez [quien hoy es acusado por los delitos de robo, lesiones y secuestro]”, afirmó la jurista.
Además de violentar la libre determinación de la comunidad, Villanueva Espinoza “encontró amparo en el crimen organizado y alimentó este absurdo juicio para que se le restituyera en sus cargo […] con el respaldo de las autoridades, tanto que tuvo el apoyo de la Policía Estatal para tomar posesión”, concluyó Verónica Bedolla.
Confirmó que la situación jurídica de los 40 detenidos en el Penal de Máxima Seguridad en Veracruz se definirá hasta el domingo 25 y desmintió que 18 de ellos se encontraran libres, como se había informado en Michoacán.
Mientras, el proceso de los cinco recluidos en Michoacán se encuentra en fases probatorias y habrá oportunidad de presentar recursos apelaciones y amparos.
En tanto, la abogada confirmó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que la defensa solicitara a este organismo internacional una medida cautelar por las violaciones de las autoridades estatales y federales a la libre determinación de los pueblos indígenas, como el de San Miguel de Aquila, en Michoacán.
Terrorismo de Estado
Además de la violación a los derechos humanos de los detenidos, se ha atropellado la integridad de los pobladores de la comunidad y sus familias, en actos que pueden constituirse como un “terrorismo de Estado”, manifestó Verónica Bedolla.
Esto, tras explicar que alrededor de 40 pobladores que se trasladaban este miércoles a su municipio –luego de que fuera incendiado en Morelia el autobús donde viajaban– fueron abandonados por la Policía Federal en el municipio de Apatzingán, aunque la misión de la corporación era resguardar el vehículo hasta Aquila.
El vehículo fue interceptado en el municipio de Apatzingán por sujetos que amedrentaron y amenazaron a los pasajeros, obligándolos a regresar a la capital del estado.
Ante este contexto, la abogada hizo un llamado al gobernador interino Jesús Reyna García: “Que por favor instale una mesa de dialogo, que escuche a la ciudadanía de Aquila y no continúe con esta situación de apoyo a unos cuantos que representan una mínima parte de la comunidad aunque con un muy grande poder político”.
Hartos de tanta arbitrariedad
Por otra parte, Bedolla lamentó la versión oficial emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre la muerte de dos comuneros de San Miguel de Aquila el pasado 20 de agosto, en la cual la dependencia afirmó que miembros de la autodefensa a bordo de una camioneta atacaron a balazos a los elementos del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Municipal.
Al respecto, dijo que según versiones de los familiares y comuneros, que hoy se encuentran velando a los caídos, uno de los finados ni siquiera portaba arma de fuego y murió por un balazo en la espalda, mientras que el segundo sí pudo repeler la agresión de los policías, que tuvo lugar cuando se encontraba dentro de una empresa de la comunidad, donde fue abatido.
