Un sólo caso de desaparición representa un reto ineludible para el Estado y en México existen más de 27 mil desaparecidos, cifra que no incluyen los casos de personas migrantes ni de los que no han sido denunciados formalmente, por ello, como un acto de congruencia entre la política exterior e interior, Enrique Peña Nieto debe reconocer la problemática y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, con el fin de recibir y examinar peticiones individuales por este delito, exhortó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Fue en febrero de 2007 que México firmó la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas y hasta el 23 de diciembre de 2010 entró en vigor, sin embargo aún no se acepta la competencia de dicho mecanismo como lo especifican los artículos 31 y 32 del convenio, donde se dictamina que las víctimas o estados puede presentar quejas ante la instancia.
Mediante un pronunciamiento por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH también solicitó al Congreso de la Unión que un tema prioritario sea la Ley General de Desaparición Forzada durante el periodo de sesiones que inicia el día de mañana, primero de septiembre; asimismo debe darse prioridad a la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, como agravar la pena del responsable cuando en los casos la víctima sea menor a 18 años.
Por su parte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el pasado 29 de agosto, exhortó al Congreso de la Unión a aprobar a la brevedad la ley general sobre la desaparición de personas, y que esta estructura cuente con “los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal”.
Al igual que la ONU la CNDH reforzó el llamado para que dicha ley tenga un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; así como de priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta.
También se debe contar con un proceso de sistematización de los datos obtenidos que permita realizar mapeos de los factores de riesgo en cada región de México.
Por su parte las madres y padres de los desaparecidos, como lo declararon para Revolución TRESPUNTOCERO, exigen que la ley, en el ámbito de desaparición forzada, cuento con ocho puntos clave, ya que lamentablemente “existe un incremento considerable de esta aberrante práctica y sin visos de mejora”.
