El único camino localizado por la administración de Enrique Peña Nieto a fin de hacer prevalecer la impunidad en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y eludir la implicación de las fuerzas armadas del Estado, es defender contra viento y marea la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, emitida sin ningún fundamento científico y basada sólo en especulaciones y mentiras. Para ello se aferró en promover y llevar a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula porque en los dos anteriores se negó la posibilidad de que allí se hubiera incinerado persona alguna; en desacreditar a los padres de los normalistas desaparecidos e intentar ligarlos con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos, y para desviar la atención, reactivar la narconovela de El Chapo, con un nuevo capítulo sobre las infiltraciones de la DEA al cártel de Sinaloa.
Derivado de las investigaciones efectuadas en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 20914, se habían realizado dos peritajes. El primero, en septiembre de 2015, con base en un estudio elaborado por José Torero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que en el basurero se hubieran incinerado a los normalistas. Ello era “científicamente imposible”, y el medioambiente del sitio era el “más ineficiente” para llevar a cabo esa acción, aseguró el especialista peruano. Para incinerar los 43 cuerpos, precisó, se requerían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante 60 horas.
En este año, el pasado 9 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) difundió el resultado de un segundo peritaje con la conclusión: no hubo incendio en el basurero. “No se respalda la hipótesis de que hubo fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes”, señaló este estudio el cual terminó de echar por tierra la “verdad histórica” de la PGR.
Ahora, tal y como se esperaba, el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego determinó, en un estudio aún no concluido, la existencia de “evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar la existencia de un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula”, y al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar. Ricardo Damián Torres, un investigador certificado en incendios y técnico de recolección de evidencias, dio a conocer los resultados iniciales de este tercer peritaje.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos Torres, señaló: “en cumplimiento con los objetivos y plazos establecidos en el acuerdo para la realización del nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, formalizado el 25 de enero de 2016 y con una agenda suscrita el 12 de febrero, la noche del domingo pasado la PGR y el GIEI recibieron del grupo de especialistas internacionales –John DeeHaan, Frederick W. Mowrer, James D. Quintiere, Ricardo Torres, José Torero y Mario Saldaña- el informe sobre un posible incendio los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Procuraduría General de la República difundió los resultados preliminares del nuevo peritaje al basurero de Cocula, a pesar de la existencia de un pacto de confidencialidad y de consenso en su presentación, ante lo cual el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró roto el acuerdo sobre el particular con la PGR. Por esa razón aseguró: “reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considere necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideró: los resultados preliminares del tercer peritaje sobre el incendio en dicho basurero no determinan “si el evento de fuego de grandes dimensiones al que hacen alusión podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”. Subrayó: “no hay una respuesta concluyente, por el momento, del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Por tanto, dicha conclusión no afirma ni niega la hipótesis de la Procuraduría General de la República”.
Sobre la afirmación de que al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar, el EAAF destacó en bases a sus investigaciones, y luego de la recolección de miles de fragmentos óseos recuperados en el basurero, se estableció la presencia de mínimo 19 individuos, mientras los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR fijó en su dictamen un mínimo de 17 seres humanos. Pero hasta la fecha no hay “ninguna identificación de restos de los 43 estudiantes desaparecidos realizada sobre restos que se hayan recuperado del basurero”.
En tanto, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y su equipo de abogados determinaron dar a conocer su posicionamiento una vez se reúnan –este miércoles- con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No hay una respuesta concluyente, por el momento, del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Por tanto, dicha conclusión no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”, señalaron.
Ante el rompimiento entre el GIEI y la PGR hay una posición política del Estado mexicano de “querer cerrar el caso, querer terminar y no permitir que el grupo de expertos siga en el país trabajando con las líneas de investigación”, consideraron los padres de los estudiantes desparecidos. Agregaron: el gobierno federal pretende confrontar al GIEI “imponiendo un resultado político: decir que los estudiantes fueron incinerados en el basurero”.
Por otro lado, en diarios capitalinos se difundió que a través de un video circulado en las redes sociales, atribuido al grupo criminal Los Rojos, uno de los que disputa el control de Iguala, Guerrero, se busca exhibir la existencia de presuntos nexos entre los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos con el cártel Guerreros Unidos, antagónico a Los Rojos.
Un factor de distracción adicional se desarrolla con la narconovela de El Chapo, en un capítulo referido a los gemelos Margarito y Pedro Flores, quienes pactaron con agentes antinarcóticos de Estados Unidos entregar información que llevará a la captura de líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de conmutar penas de cadena perpetua por sentencias de 14 años. Estos hermanos se convirtieron en agentes encubiertos desde 2008 y recabaron pruebas que contribuyeron a la posterior captura de 54 narcotraficantes avecindados en Estados Unidos.
