(26 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Estamos ante una verdadera escalada de violencia y homicida que llega a prácticamente todos los rincones de Morelos, sin que se apliquen de manera integral las medidas de Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su puesta en marcha desde el 10 de agosto de 2015”, ha dado conocer la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDH).
Los casos de feminicidios son conocidos y siguen impunes, mantiene la Comisión. Y es que “prevalece la corrupción, las complicidades y la impunidad en los feminicidios en Morelos”, asevera Juliana Quintanilla, integrante de la CIDH, organización que esta semana ha intensificado su exigencia hacia las autoridades estatales y de ocho municipios que han sido señalados con mayor violencia feminicida.
Atención, revisión y establecimiento de plazos para cumplir con las acciones inmediatas contra los feminicidios en Morelos, son las principales encomiendas por parte del organismo. A su vez, integrantes de CIDH en Morelos han dado a conocer que, hasta el momento no han tenido respuesta a la solicitud que hicieron a la Secretaría de Gobernación al cumplirse siete meses de que se dictó la Alerta de Género en Morelos, “pedimos nos atendiera para hacer una revisión puntual y cómo se podrán establecer plazos para que el Gobierno de la entidad cumpla con las acciones inmediatas y atienda la violencia feminicida en Morelos”, se declara.
Durante esta campaña de exigencia a las autoridades, también entregaron una carta a cada uno de los presidentes municipales de los ocho municipios que fueron señalados con mayor violencia feminicida, “para que nos señalen qué acciones se están emprendiendo para atender la problemática, independientemente de que digan que acaban de llegar, en un sentido de responsabilidad saben cómo esta su municipio y su estado”, afirman los integrantes.
La Comisión desde el 7 de marzo pasado pidió a los diputados se homologara el código penal, para que los abogados que acompañan a los señalados de cometer feminicidios no evadan la responsabilidad que sus clientes sean castigados por dicho delito.
Esto derivado que, las carpetas no se están integrando como feminicidios, por lo que difícilmente habrá una sanción como tal, en la exigencia de justicia, también incluyeron, a jueces y autoridades municipales, para que atiendan las acciones de emergencia para disminuir, hasta erradicar, ese tipo de violencia en la entidad.
También se ha dado a conocer que en la zona sur sólo en el municipio de Puente de Ixtla se dictó la alerta, y en regiones como Zacatepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Coatlán del Río y Jojutla, hay registros de violencia feminicida que no están siendo atendidos, “ya que pretenden justificar y evadir la responsabilidad diciendo que son casos de otra naturaleza”.
“En Morelos se está viviendo una violencia feminicida imparable porque ninguna autoridad local y mucho menos estatal ha permitido que se haga justicia, por el contrario con sus acciones pareciera que protegen a los culpables, este tipo de delito también está acompañado de impunidad, por lo que en Morelos quien mate a una mujer difícilmente irá a la cárcel o tendrá un proceso ‘ligero’, a fin de liberar culpas y dejarlos libres, porque como en el país entero, la mujer es minimizada.
Existe corrupción y contubernio entre autoridades y feminicidas u odio de género, porque, cuál puede ser otra manera de explicar que ante recomendaciones de derechos humanos, Alerta de Género, investigaciones sociales y testimonios reflejados en manifestaciones, Morelos siga apacible ante una grave problemática mortal. La mujer en la entidad padece muerte por parte de sus agresores y por parte de las mismas personas encargadas de hacerle justicia, este panorama solamente puede conllevar a un crecimiento desmedido de muertes violentas”, asevera a este medio, la socióloga Catalina Rosales, especialista en violencia de género.
Quien a su vez asegura que en los casos de feminicidio prevalecen los antecedentes de violencia intrafamiliar. Y señala que es Yautepec, el municipio con el mayor número de muertes violentas de mujeres y un 66.7% de violencia intrafamiliar.
Por su parte, el vocero de la CIDH, José Martínez Cruz, declara a Revolución TRESPUNTOCERO que, “durante el último periodo hemos exigido que se tomen todas las medidas necesarias y sean aplicadas tal cual fueron escritas en el documento que establece la alerta por violencia de género. Ya que éstas, en su mayoría, en ningún momento se han cumplido, pese a que el gobierno ha presumido de haberlo hecho ya.
Algunas se han establecido de manera parcial, otras demasiado limitadas y sobre todo hay omisión y simulación en el cumplimiento de las mismas, eso es un problema que lleva a que no se prevea ni se sancione a los culpables, lo que significa que haya un estancamiento en la búsqueda de erradicación del feminicidio”.
Por su parte, Rosales afirma que es claro que los funcionarios al frente del sistema penal acusatorio no consideran que los Tratados Internacionales y las leyes de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, “cuando los familiares presionan y mantienen a organizaciones de su lado, existe mayor posibilidades de obligar a las autoridades a que realicen acciones concretas de protección a favor de las víctimas, pero el tener un respaldo de una ONG no es garantía de justicia.
Ni siquiera con un organismo internacional se puede garantizar que haya una investigación a profundidad para sancionar al o los culpables, porque a las autoridades mexicanas, está visto, nada ni nadie las presiona, nada les avergüenza, como debería pasar con su comportamiento ante este tipo de problemática. Lo que no es más que un reflejo de la violencia Institucional y el sistema misógino, que involucra a jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales investigadores”.
Martínez Cruz, explica que en ocasiones frecuentes, en un fin de semana, pueden presentarse “hasta cuatro feminicidios terribles por el grado de saña que existe en contra de las mujeres, lo que habla del grado de impunidad prevaleciente porque no hay ni la investigación adecuada a los protocolos de investigacion de los feminicidios pero tampoco las medidas de prevención, el gobierno no cumple en todas sus áreas, y las campañas que lleva a cabo no tienen ni el alcance ni el contenido idóneo como para alertar al conjunto de la sociedad para alertar que nos encontramos en una situación de emergencia.
De peligro extremo y violencia que se está cometiendo claro en un contexto de violencia generalizado donde han asesinado a mujeres, pero también a hombres, jóvenes sobre todo, sin embargo el crecimiento del feminicidio ya es innegable”.
