(16 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante un operativo conjunto compuesto por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación, la Secretaría de Marina, y la Agencia Veracruzana de Investigación, realizando acciones previamente coordinadas en un pequeño espacio geográfico de la colonia “Formando Hogar”, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, se dio paso a levantones de jóvenes.
“Escuadrones policiales y de las fuerzas armadas sembraron dolor y terror en más de seis familias quienes hasta el momento buscan a sus hijos”, informó la organización Idheas.
De acuerdo con testigos, aseguraron haber visto vivos a los jóvenes detenidos, en instalaciones policiales pero por dar ésta información, han sido amenazados. Cabe señalar que la detención fue colectiva y programada, según los familiares.
Quienes aseguran que los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los 10 jóvenes detenidos, de los cuales 6 están desaparecidos. Hasta el momento, ninguno de los casos ha sido investigado por la procuraduría estatal y/o federal.
En el caso de Pablo Darío Miguel Hernández, desapareció el 6 de diciembre del 2013 alrededor de las 9:30 horas. “Quién lo diría, sólo tres horas antes que los elementos de la Marina se llevaran a mi hijo, él estaba descansando en su cama, lo recuerdo totalmente acostado y platicando por whatsapp con una amiga”, señala un testimonio revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Amelia Hernández Namorado, madre de Pablo, dijo que “como cada día, él llegó de trabajar y se metió a bañar, él era muy limpio y ordenado. Luego se tiró un rato en la cama, decía que le dolía la espalda”.
Recuerda que a las 7 de la noche salió de casa para comprar un poco de comida para el siguiente día. Esa noche, Pablo decía a su mamá que iba a trabajar mucho para comprarle una casa y ya no trabajara todo el día en la limpieza de casas y planchado de ropa. “Le dolía verme trabajar diario sin descanso” dijo Amelia sollozando.
Paralelamente, en la calle, se instalaba el operativo Veracruz Seguro y en la colonia Formando Hogar fueron cerradas varias calles. A las 9:25 de la noche Pablo avisó a Amelia que saldría a comprar unas cosas al Oxxo y se encontró con sus amigos José Ignacio Cruz González y José Armando Cortés Arrioja, pero nunca más regresó. “Antes no comía de la impresión, ahora como mucho por ansiedad de no ver llegar a mi hijo”, dice Amelia.
Su familia acudió a presentar la denuncia pero las oficinas del ministerio público estaban cerradas en justificación que era fin de semana. El lunes 9 de diciembre se presentaron a interponer la denuncia por desaparición pero en la PGR les dijeron que no podrían “porque primero tendrían que transcurrir 72 horas para poder iniciar el trámite correspondiente”.
En tanto, en el norte en este mismo sexenio, David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos salieron de su casa y fueron detenidos por policías del municipio de Ahome, Sinaloa, quienes los subieron a una patrulla y después a un automóvil compacto. Han pasado dos años y aún se desconoce el paradero de los jóvenes.
Las tres víctimas de desaparición forzada se dedicaban a la venta de autos usados, viajaron a Mazatlán en busca de mejores condiciones económicas y posteriormente cambiaron su residencia a Los Mochis, Sinaloa.
Ellos, después de salir de su casa fueron detenidos por policías municipales del Municipio de Ahome, Sinaloa, quienes los subieron a una patrulla y después a un automóvil compacto.
Al día siguiente de la desaparición de los tres jóvenes, el 22 de julio de 2015, Carola Marin, madre de dos de los jóvenes, interpuso la primera denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Ante la falta de respuesta por parte de la autoridad local, Carola Marín tuvo que interponer una segunda denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Sinaloa y finalmente una tercera denuncia ante la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Federal, en la Ciudad de México.
Después de muchas solicitudes y la insistencia de la familia ante el Ministerio Público de Sinaloa, un juez emitió orden de aprehensión contra 4 de los policías involucrados, sin embargo en una muestra de encubrimiento y complicidad éstos fueron advertidos de la orden de aprensión y escaparon encontrándose hasta la fecha en paradero desconocido.
De acuerdo a información de los familiares, los agentes policiales fueron advertidos por sus superiores antes de que se pudiera ejecutar la orden. Hasta la fecha ninguno de los autores ha sido procesado.
El 15 de abril de 2016, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, así como también de Carola Marín, Tomás Mendoza y sus respectivas familias, en México.
La solicitud de medidas cautelares alega que David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos se encuentran en grave riesgo, en vista que se desconoce su paradero o destino.
Por su parte, Carola Marín y Tomás Mendoza, familiares de las tres personas nombradas, así como sus núcleos familiares, estarían siendo objeto de actos de intimidación debido a las denuncias presentadas sobre la desaparición de sus familiares.
De acuerdo con el Centro de Colaboración Cívica, A.C. México atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos caracterizada, entre otras graves violaciones, por la desaparición de personas a lo largo del territorio nacional.
A finales del año 2016, 29 mil 951 personas “no localizadas” se encontraban oficialmente inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México estuvo presente en la Reunión Extraordinaria de la Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la cual, se sometió a “discusión” y votación la minuta de la Ley General contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
“Si bien, la mayoría de los diputados de diversos grupos parlamentarios, retomaron las observaciones entregadas a estas Comisiones el pasado 7 de septiembre de 2017 por parte de los integrantes de la Campaña y mencionaron su preocupación de que la Ley General tuviera dichas deficiencias y limitaciones, ésta fue a probada sin mayor oposición por los representantes de ambas Comisiones.
Reconocemos que la próxima aprobación de la Ley General en la Cámara de Diputados será un pequeño avance, en tanto cuenta con algunos elementos que serán de utilidad para las víctimas; sin embargo, tal como se ha aprobado, no sólo seguirá siendo insuficiente para acceder a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No repetición, si no que garantizará la impunidad a los perpetradores de las desapariciones forzadas en nuestro país”.
De acuerdo con la activista Rocío Valdez, la Ley no es más que una “salida fácil” para poder “quedar bien frente a los organismos internacionales y acallar las voces de las familias y los defensores de derechos humanos en el país.
“Es una ley en cuyo contenido no tiene consideración a las víctimas y sobre los que generalmente son los presuntos culpables, es decir fuerzas armadas y policías, ni siquiera aparecen en una mención al menos para disimular. Es un documento que no ayudará más que solo para que se sepa que sí hay desaparecidos en México.
Pero incluso hasta no desaparecidos de manera forzada, sino solamente “desaparecidos”, porque ese también es otro punto deleznable. No reconoce que se ausentan porque los obligan las fuerzas del Estado, porque sería también aceptar que en efecto, el gobierno tiene un mecanismo de terror en contra de civiles”, comenta a este medio.
Las organizaciones señalan que los familiares de las víctimas de desaparición forzada fueron revictimizados, ahora por los mismos partidos políticos que han impulsado las reformas estructurales neoliberales al no dotar al país de una Ley General tal y como se les exigía, los familiares fueron re victimizados con la aprobación de una Ley General que, a decir de los mismos legisladores, no resolverá el problema de las desapariciones forzadas en el país, pero que sabemos les permite simular que atienden la problemática.
“El Estado mexicano logró orillar a muchas víctimas y organizaciones a aceptar la minuta de Ley bajo el chantaje de que si no era legitimada por las familias no se aprobaría nada. Una a una, durante los últimos dos años, en la mesa de discusión en el senado, las demandas de las víctimas fueron mutiladas y adecuadas para garantizar la impunidad de los perpetradores”, señalan las organizaciones.
En tanto, Valdez indica que, “fue una verdadera pena ver como tantas organizaciones e incluso la ONU saludaran la Ley, no puede ser esto posible. Porque estaba plagada de artículos que solamente se burlan del dolor de las familias, es decir recibir migajas en mal estado y encima ‘saludarlas’, algo va muy mal.
La idea era de inmediato los pronunciamientos de rechazo, porque en el mejor de los casos, en los pasillos del legislativo se escucharon a los diputados ‘con buenas intensiones’ decir que saliera como fuera y ya luego se veía como ‘reacomodar’ si se tardaron años para aprobarla, para modificar imposible. Son vidas humanas, muchos de ellos desaparecidos entre dos sexenios prianistas que han sido justamente los encargados de masacrar a la sociedad”.
La Campaña solo avalará una Ley General que reconozca plenamente la práctica de la desaparición forzada, y que en ella se plasmen los mecanismos adecuados para dar con el paradero de las víctimas, se deje de proteger a las Fuerzas Armadas, a los autores intelectuales sin importar su jerarquía en la cadena de mando, cree un órgano independiente para búsqueda e identificación y promueva un Registro Nacional que realmente refleje la gravedad de esta violación a los derechos humanos, informaron.
“A las organizaciones, que formamos parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, no nos van a engañar, ni aceptamos sus migajas legislativas”, señalaron.
