Este lunes arrancaron las audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen como propósito escuchar a personas con discapacidad (PcD) previo a redefinir el criterio sobre las consultas públicas a esta población antes de emitir legislaciones que puedan afectar sus derechos.
De 306 solicitudes presentadas para participar en el ejercicio, 102 fueron avaladas por el Pleno pues, según la lista publicada por el Máximo Tribunal, 204 de las peticiones no se referían a los aspectos que serán abordados durante las audiencias.
En la jornada de este lunes participaron 34 personas y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad y cada uno contó con alrededor de 5 minutos para exponer sus ideas, análisis y peticiones.
Este ejercicio se originó tras la petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama de abandonar un criterio con el que la Corte invalida leyes por la falta de consulta previa a personas con discapacidad o deficiencias en la misma.
La nueva Corte reconoce estos espacios de diálogo como parte de su compromiso por impartir una justicia más abierta, transparente y cercana con la gente.
Audiencia pública ocurre una semana después de concentración afuera de la Corte
El pasado 13 de junio, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad acudieron a la Corte para manifestarse y solicitar la realización de las audiencias públicas con el fin de ser escuchados antes de que los ministros tomen una decisión definitiva.
La ministra Lenia Batres Guadarrama dio a conocer esta mañana que su propuesta pretende determinar que las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en las que se alegue la falta de consulta a PcD deberán ser tramitadas por los órganos facultados a solicitud de esta población.
“La declaración de inconstitucionalidad de normas generales de ninguna manera podrá afectar las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que figuraban ya en la legislación vigente en México” afirmó la ministra.
Asimismo, en la propuesta difundida por Batres Guadarrama, se especifica que, al tratarse de normas que reiteran el contenido de la Constitución, de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad o que ya se encontraban en leyes anteriores no impugnadas, y sólo impliquen la repetición de oraciones, frases, palabras o conceptos cuya interpretación no deja lugar a dudas de que sólo reiteran dentro de la legislación nacional o local el contenido de derechos ya reconocidos como parte de las obligaciones del Estado mexicano, la falta de consulta no será motivo de invalidez.
Se necesita un marco jurídico sobre el derecho a consulta de las PcD
Entre los ponentes se encontraron activistas, defensores de las personas con discapacidad, cuidadores, funcionarios con alguna discapacidad y académicos en colaboración con colectivos.
Tal fue el caso de Patricia Claudia Brogna, quién participó junto al Colectivo de Personas con Discapacidad y señaló la propuesta como regresiva en la garantía del derecho a consulta de las PcD.
Este derecho, indicó, está cubierto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otros documentos también de Naciones Unidas como el Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Puntualmente menciona la necesidad de un marco jurídico sobre el derecho a consulta, una ley de consulta como tienen otros países, por ejemplo Perú respecto a otros grupos, pero que bien podría aplicarse en el caso de los derechos de las personas con discapacidad” refirió Claudia Brogna.
Hasta ahora una mayoría de ministros acordó abandonar el criterio tajante que es aplicado desde el año 2016 y con el que han sido invalidadas 50 leyes federales y estatales que abordan derechos de las personas con discapacidad.
Aún queda pendiente que las y los ministros definan qué es lo que va a prevalecer para evitar que México incumpla con lo establecido en la Convención citada.
El día de mañana participarán 29 personas y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad, mientras que el miércoles se concluirá los 38 participantes restantes autorizados por el Pleno.
