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Estado condena a pacientes terminales a tortura institucional; piden cultivo legal de amapola con fines medicinales

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(04 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Fernando Belaunzarán Méndez, diputado federal, sostuvo que la ausencia de medicamentos contra el dolor -especialmente de opioides- en hospitales de nuestro país, se ha convertido en un problema humanitario a causa del esquema prohibicionista para su producción, que todavía enarbola el Estado mexicano.

Alejandro Mohar, quien fungió como director del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), señaló que al menos el 60 % de los pacientes mexicanos no tiene acceso a medicamentos para controlar o disminuir su dolor.

“¿Qué sucede con nuestros enfermos con padecimientos terminales?, el Estado mexicano los condena, en los hechos, a padecer, a agonizar con dolor hasta el último aliento de su vida porque no tienen medicamentos eficaces contra el dolor y de la eutanasia, mejor ni hablar…A pesar de que somos un Estado laico, nadie se atreve a aceptar que la vida es de quien la experimenta, y entonces, no tienen la oportunidad de la eutanasia…los estamos condenando a una tortura institucional por indolencia, estamos condenándolos a padecer y sufrir hasta el último suspiro de su vida”, declaró Belaunzarán.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso quitar la “absurda prohibición del cultivo de la amapola en México”, ante un contexto en el que 18 países ya cultivan legalmente la amapola, e incluso la exportan. La República mexicana es el segundo mayor productor de amapola, pero lo hace de manera ilegal.

“Aquí, a los enfermos de cáncer terminal, se les dan panadoles para tratar de palear su dolor. Ese es un problema humanitario de gran calado, ha crecido el cultivo de amapola en México. ¿Por qué? Porque ha crecido la demanda de heroína mexicana en Estados Unidos y ha disminuido la que recibían de Asia”, argumentó el diputado.

Belaunzarán sostiene que la guerra contra las dogas, declarada por Felipe Calderón en 2006 –y que hasta la fecha ha dejado más de cien mil personas fallecidas y arriba de 23 mil desplazados- fue un absoluto fracaso y que la política prohibicionista en marcha carece de funcionalidad, pues “llevamos décadas oyendo que todo el peso del Estado, toda la fuerza del Estado contra estas organizaciones criminales y después de tres décadas, esas organizaciones criminales son hoy más fuertes”, por lo que pidió “ser inteligentes y dar la posibilidad de que haya un cultivo legal de amapola, que por cierto, tendría regulación internacional”.

“Lo que estoy proponiendo es que cumplamos plenamente la legislación internacional para el cultivo de amapola y poder aprovechar el opio, incluso para exportación y esto explica una fiscalización no sólo nacional, tiene que crearse un consejo nacional de fiscalización, y lo estamos proponiendo, además tiene que haber una fiscalización internacional por parte de la JIFE”, resaltó Belaunzarán Méndez.

Añadió que en lugar de que en México se cultive amapola para la producción de heroína que abastece al mercado de drogas ilegales en Estados Unidos, esta se debería centrar en proveer a la industria farmacéutica de morfina y otros opiáceos, lo que además, representa una “ventana de oportunidad para el desarrollo de los pueblos”, ante la escasez mundial, reconocida por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que implica rentabilidad de la industria.

El legislador del sol azteca argumentó que es necesario dejar de lado los prejuicios sobre la regulación de las drogas, al menos en un primer momento, para su uso terapéutico, y vaticinó que la legalización de la mariguana es inevitable.

“Es una forma más inteligente de enfrentar el problema del narcotráfico y además atendemos un problema humanitario y ganamos como país, porque insisto, la guerra contra las drogas es un absoluto fracaso”, sentenció.

 

Preocupación de la ONU

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE), expresó recientemente su preocupación por el bajo índice de disponibilidad y la creciente escasez de medicamentos contra el dolor en nuestro país, situación que afecta a los pacientes que tienen necesidades terapéuticas.

Según el Informe 2014 de la JIFE, 5 mil 500 millones de personas; es decir, 75 % de la población mundial, no tienen acceso a medicamentos contra el dolor y 92 % de la morfina que se produce, la conduce sólo el 17 % de la población, focalizada en América del Norte, Oceanía y Europa Occidental

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señaló, en el citado informe, que en México “el nivel de consumo de opioides y analgésicos sigue siendo muy bajo. Como los procedimientos administrativos para obtener acceso a esos medicamentos siguen siendo costosos, su disponibilidad aun es limitada, muchos profesionales de la salud siguen sin tener acceso a formación sobre prácticas de prescripción responsables y los farmacéuticos suelen ser reacios a almacenar y dispensar estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

En el mismo documento, la JIFE insta al gobierno mexicano a adoptar medidas para asegurarse de que se logren progresos en el tema.

La ONU calcula que al menos la mitad de la producción mundial de opio se realiza de manera ilegal, pues los únicos países que lo hacen de manera formal son Australia, España, Inglaterra, Francia, Hungría, Alemania, Austria, China, India, Turquía, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Holanda, Ucrania, Polonia y Rumania, mismos que deben cumplir con las disposiciones internaciones establecidas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de 1988 Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como ser fiscalizados por la JIFE.

La Junta Internacional tiene la facultad de monitorear y controlar los volúmenes de producción de cada país en concordancia con la demanda mundial de medicamentos.

En nuestro país, los artículos 235 y 236 de la Ley General de Salud, de manera explícita establecen la prohibición de sembrar, cultivar o cosechar en todo el territorio nacional papaver somniferum o adormidera y papaver bactreaum en cualquiera de sus formas.

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