Ilustración: Pe Aguilar
(16 de febrero, 2015).- El viernes 13 de febrero se dio a conocer el informe elaborado por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CDF-ONU), en el que se pone en duda la actuación del Estado mexicano en materia de desaparición forzada. Esto, después de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, del pasado 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
Dar click en link para ver informe: 255702147-Respuesta-de-gobierno-mexicano-a-recomendaciones-ONU
México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2008, y es uno de los 44 estados parte. En consecuencia, el comité con sede en Ginebra, centró el informe en emitir recomendaciones sobre los casos de desaparición forzada en el país. En tanto, señala que en el país se vive en un “contexto de desaparición generalizada”, marcado por la “impunidad”.
En tanto, hizo un llamado a México para legislar en los modos de sancionar la desaparición forzada -voluntaria o involuntaria-, así como a su tipificación. Esto, porque el país cuenta con alrededor de 24 000 desaparecidos, sin que haya sanción al respecto.
La sombra de Ayotzinapa
En el marco del crimen del pasado 26 y 27 de septiembre, en el que autoridades estatales en colusión con presuntos criminales detuvieron-desaparecieron a 43 normalistas, asesinaron a cinco personas y torturaron a Julio César Mondragón -también normalista-, el CDF-ONU hizo un llamado al Estado para sancionar con base en la cadena de mando.
Dado que el 26/27 de septiembre configuran crímenes de Estado, bajo el estatus de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, el comité invita a sancionar a todo servidor público que “haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”, con base en el artículo 6 de la Convención.
No obstante, las autoridades mexicanas se limitan a descalificar todas las críticas hacia la forma de actuar del Estado en materia de Derechos Humanos, pues indicaron que el informe no refleja “adecuadamente” la información presentada ni los “compromisos” emprendidos para sobrellevar la situación.
