(17 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La lucha de la sociedad civil en contra de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto -la cual permite la apertura comercial del sector y con ello poner en las manos de privados la explotación de los hidrocarburos- continúa en varios frentes en busca de echar para atrás esta nueva legislación que atenta contra el país.
Este jueves, diversas organizaciones sociales -entre ellas el Centro de Derechos Humanos ”Fray Francisco de Vitoria”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Greenpace, Fundar, entre otros- dieron a conocer que enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición para que intervenga en el tema de la consulta popular sobre la reforma energética.
En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones firmantes de la petición explicaron que a través de esta solicitud se le pide a la CIDH emita una recomendación al Estado mexicano para realizar la consulta popular sobre la aceptación de la reforma, así como medidas cautelares para que se detenga la implementación de esta nueva legislación hasta que se dé a conocer la resolución del organismo internacional.
Esta petición se basa en el hecho que el Estado mexicano violó el derecho humano a la consulta y la participación ciudadana al negar la realización de esta medida solicitada por más de cuatro millones de ciudadanos en octubre pasado.
Al participar en la conferencia, el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, habló a nombre de las organizaciones participantes en la iniciativa y detalló que la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la consulta popular, vulnera gravemente derechos humanos de los mexicanos. En tal sentido explicó que los firmantes de la petición solicitan a la CIDH revisar estas violaciones de derechos que se constituyen al impedir la participación de la sociedad en esta toma de decisión tan importante.
De igual manera, el sacerdote enfatizó que existen todas las condiciones para poder aplicar la consulta popular en el país. Dijo que la consulta debe ser utilizada como un mecanismo de participación ciudadana, misma que se refleje en la toma de decisiones del gobierno mexicano, sobre todo en temas de gran envergadura como lo es la reforma constitucional en materia energética.
Reiteró que la SCJN negó el derecho a la consulta utilizando argumentos que tratan de evadir la obligación del Estado mexicano en materia de derechos civiles. Por esta razón, dijo: “los organismos participantes pedimos explícitamente que se recomiende al Estado llevar a cabo la consulta sobre la reforma”.
Señaló que hoy en día México vive una difícil situación en materia de protección a los derechos humanos. En este sentido puntualizó que de ser implementada en su totalidad la reforma energética sin previa consulta popular, el contexto de agravios a los derechos humanos sería aún más grave.
Agregó que la solicitud se encuentra en poder de la CIDH desde hace una semana y aseguró que el proceso se ha desarrollado en tiempo y forma.
(click en la imagen para ir a la nota)
En el evento también participó Jorge Fernández Mendiburo, integrante de la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Al tomar la palabra, recordó que la consulta popular esta normada en la Constitución mexicana desde 2012, cuando se reformó para incluir este mecanismo como un derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. En este sentido detalló que esta legislación sobre la consulta establece algunas excepciones en las que no se puede realizar, tal es el caso del tema de ingresos o egresos. Apuntó que la SCJN tomó como argumento lo anterior para invalidar la consulta, justificando que se trataba de una cuestión de ingresos.
“La decisión de la corte fue 10 a 1, sólo el ministro José Ramón Cossío se pronunció a favor de la procedencia de las dos consultas. El argumentó que utilizó el ministro Cossío para decir que sí era procedente la consulta fue que estamos hablando de un tema de derechos humanos antes de una tema de presupuesto de ingresos”, apuntó.
En ese sentido explicó que uno de los argumentos presentados a la CIDH en esta petición enviada se centra en insistir lo dicho por el ministro Cossío, y apelar que la SCJN “debió haber analizado el tema de la consulta desde la visión del artículo 1 de la constitución que obliga a interpretar los derechos humanos desde una perspectiva amplia. Lo que hizo la SCJN fue analizar las excepciones que hay en la consulta popular, restringiendo derechos humanos, afectando este artículo de la constitución”.
El activista declaró que el argumento principal presentado a la CIDH en la petición es la violación por parte del Estado mexicano al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual habla sobre el derecho de participación política de la sociedad.
“Este derecho a la participación política en dos aspectos: en la toma de decisiones a través de los representantes legales, pero también en la generación de espacios en donde la ciudadanía de manera directa participa y toma decisiones sobre temas de trascendencia”, indicó.
Igualmente mencionó que la CIDH ya ha emitido algunos criterios sobre la necesidad de generar espacios de participación. Recordó el caso Castañeda-Gutman en donde la Corte señala que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad.
“La Corte en esta interpretación del artículo 26 ha enfatizado la obligación de los Estados de generar estos procesos de participación directa, no únicamente a través de los representantes populares electos”, manifestó.
Aclaró que en con la petición no se está pidiendo se juzgue a la SCJN, sino al Estado mexicano como responsable de no generar las condiciones necesarias para realizar la consulta popular.
“Lo que le pedimos a la CIDH en congruencia con el derecho violado, es solicitar que se detenga la implementación de la reforma, porque si no ya no habría materia, porque la reforma ya estaría implementada. Por eso pedimos se detengan hasta que defina la CIDH si se violó este artículo 26 de la convención. No hay limitaciones para que se implementen estas medidas cautelaras”, precisó.
Por su parte el académico Manuel Canto comentó que a partir de hoy se iniciará una campaña de adhesión con el fin de sumar a esta petición a más ciudadanos que estén inconformes con la resolución de la SCJN, y se sientan agraviados al haber sido violentado su derecho a la participación en la toma de decisiones.
Asimismo dio a conocer que se estará presentando un informe periódico a la CIDH con el fin de mostrarle la necesidad de realizar la consulta.
(click en la imagen para ir a la nota)
