(24 de enero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- Jesús Israel Moreno Pérez, desapareció el 8 de julio de 2011 durante sus vacaciones en Chacahua, Oaxaca. Era estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Procuraduría del Estado de Oaxaca determinó el delito como robo y homicidio, en el marco de una serie de irregularidades de la actuación de los funcionarios públicos, de acuerdo con la información aportada por Idheas a Revolución TRESPUNTOCERO.
El joven estudiante inició su viaje el 4 de julio de aquel año. Sin compañía, salió de su casa en Coyoacán, Ciudad de México, con rumbo al sureste del país, “para escribir sobre las vivencias de la gente que encontrara”.
Tras la desaparición, Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, realizó la denuncia en el municipio de Tututepec con el número de averiguación previa 176/RG-2011 y después se pasó a Puerto Escondido con el folio PE149/COSTA2011.
Pasaron seis meses y el 4 de enero del 2012, el entonces el Procurador General de Justicia del Estado, Jesús López López, publicó en el portal de la dependencia el esclarecimiento del caso, asegurando que Jesús Israel había sido encontrado muerto y consignaron a cuatro personas por ello, que fueron torturadas previamente para inculparse de los hechos, de acuerdo con la investigación de Idheas.
Sin embargo, las autoridades judiciales nunca entregaron el cuerpo a los familiares, realizaron una necropsia sin cadáver y a pesar de ello falsearon un informe forense, dio a conocer Idheas, que realiza el acompañamiento del caso.
El 5 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR por sus siglas en inglés) aprobó el dictamen de la comunicación 2760/2016[1], enviada por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, el 10 de noviembre de 2015 en representación de los familiares de Jesús Israel Moreno Pérez, en el que resolvió que el Estado mexicano violó los derechos del estudiante de la UNAM y los de sus familiares, al incumplir con los artículos 6, párrafo 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este dictamen sienta un precedente a nivel internacional ya que, por primera vez, el Comité señala de manera explícita que “la investigación efectiva debe ser considerada como una obligación inherente del derecho a la vida”.
En el caso de Jesús Israel, desde el momento en que las autoridades tuvieron conocimiento de su desaparición, omitieron su búsqueda inmediata, basaron la investigación en testimonios contradictorios, alteraron y fabricaron pruebas para desviar la investigación, creando las condiciones que pusieron en riesgo su vida, de acuerdo con la información presentada a este medio.
El Comité expresó que el deber de los Estados partes del Pacto de proteger el derecho a la vida exige que deban “no solamente evitar la privación de la vida, sino también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral”.
El organismo de Naciones Unidas también acreditó violación a los derechos de los familiares de Jesús Israel a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, debido a que las serias falencias y obstrucciones en la investigación de la desaparición, así como el cierre prematuro del caso por parte de las autoridades de la fiscalía de Oaxaca (antes procuraduría), han causado a sus familiares “un gran sufrimiento que se agrega a la perdida de su ser querido, y que la continua incertidumbre resultante de la desaparición les causa angustia, estrés y mutilación de la vida”. Además de las amenazas que recibió el padre de Jesús Israel por su participación en la investigación.
Al respecto de la decisión, el señor Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, señaló que “entre simulación, omisión, cinismo, incapacidad, negligencia de las autoridades, en este contexto al qué me he enfrentado desde hace más de ocho años, me obligaron a buscar la justicia fuera de México a través de la ONU y ayudado por IDHEAS. Espero que la ONU marque la diferencia para encontrar a mi hijo Israel y hacer justicia”.
Como medidas de reparación, el Estado mexicano debe:
Llevar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente sobre las circunstancias de la desaparición de Jesús Israel, orientada al establecimiento de la verdad.
Proporcionar a sus familiares información detallada sobre los resultados de la investigación.
Procesar y sancionar a las personas halladas responsables de la desaparición de Jesús Israel; y divulgar los resultados de estas actuaciones.
Investigar y sancionar cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización.
En el supuesto de que Jesús Israel haya fallecido, localizar sus restos y entregarlos a sus familiares en condiciones dignas.
Conceder a sus familiares una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas.
Adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.
Esta decisión del Comité se suma a la adoptada el pasado 5 de agosto 2019, en donde se señala la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla. Al respecto de la decisión, el Director de IDHEAS Juan Carlos Gutiérrez manifestó:
“Nosotros observamos, hace unos años, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas era una ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada. En ese sentido, decidimos presentar tres casos, entre ellos el de Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel Guajardo.
“La decisión del Comité en el caso de Jesús Israel es muy importante pues declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violación de diversos derechos del Pacto Internacional de la ONU y señala los montajes, la fabricación de pruebas y de presuntos responsables mediante tortura y el impacto de la impunidad estructural, lo que convierte estos hechos en tortura por el sufrimiento y el dolor que causan en las familias”.
A su vez, dijo: Consideramos que el Gobierno Federal debe honrar sus palabras de dar prioridad a la búsqueda e investigación de las desapariciones, tal y como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Por ello, hemos insistido en que se debe implementar un mecanismo que dé seguimiento al cumplimiento de las decisiones de los organismos de derechos de la Naciones Unidas, con la participación de víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
“Cabe recordar que el pasado 30 de agosto de 2019, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Gobierno Federal anunció en voz del subsecretario Alejandro Encinas que se aceptaría la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones sobre casos individuales de desaparición, sin que hasta la fecha, a más de tres meses, se haya cumplido con dicho compromiso”, puntualizó.
Jesús Israel, con veinte años de edad emprendió un viaje, como geógrafo deseaba saber más de los atractivos turísticos creados por la naturaleza en medio de la biodiversidad y el medio social en donde la mayoría de las personas hablan su lengua materna que es el mixteco.
“El 4 de julio, Jesús Israel, habló con sus padres para informarles que había llegado a , Monte Albán, después a Puerto Escondido en donde estuvo los días 6 y 7 de julio y el día 8 también llamó a su mamá para decirle que iba llegando a Chacahua, en donde desapareció”.
Carlos Moreno, asegura que la noticia de la desaparición de su hijo afectaba la imagen de turismo mundial de Chacahua, también conocida como “La Joya Oculta de Oaxaca” y por eso la Procuraduría del estado cerró el caso en ese momento haciendo un “montaje”, intentando darle identidad de su hijo Jesús Israel a otro cuerpo que fue encontrado en las lagunas.
Entre otras de las inconsistencias de la Procuraduría destacan varios puntos como el hecho de que nunca solicitaron la sabana de llamadas del teléfono del estudiante”ya que el celular seguía activo porque su padre Carlos Moreno continuó abonándole dinero para mantenerlo activo y que Telcel pudiera rastrearlo”.
No hubo seguimiento alguno al reporte de movimientos de la tarjeta de crédito Banorte que Jesús Israel traía consigo. Tiempo después el teléfono del joven fue localizado en poder de una mujer de nombre Ricarda Nicolás Reyes, pero nunca se le dio seguimiento a las contradicciones en las que incurrió cuando se le preguntó por qué tenía el aparato.
Durante el proceso del caso, se denunció que la Procuraduría estatal realizó un montaje para sostener que se había encontrado el cuerpo ahogado del estudiante en la laguna.
