Este lunes, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó que Estados Unidos y México firmarom la Minuta 333, un acuerdo destinado a abordar la crisis de las aguas residuales del río Tijuana que se ha extendido por décadas.
A raíz de la firma, las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), acordaron llevar a cabo una serie acciones, que incluyen proyectos de infraestructura, investigación, mayor monitoreo, así como planificación para la operación y el mantenimiento de sitios y sistemas críticos que responderán al crecimiento poblacional futuro de Tijuana.
A traveés de un comunicado, la agencia señaló que durante décadas se ha extendido la crisis de las aguas residuales del río Tijuana, debido a que han llegado al sur de California provenientes de México, lo que ha provocado el cierre de playas, malos olores, además del deterioro del valle del río Tijuana.
“(…) aunado a la pérdida de oportunidades económicas, además personas de ambos lados de la frontera han enfermado”.
La EPA aseguró que el acuerdo se negoció y firmó en menos de cinco meses, , por lo que se superó la fecha límite del 31 de diciembre establecida en el Memorando de Entendimiento (MOU) de julio, firmado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra y el administrador de la EPA, Lee Zeldin; quién ha declarado:
“Gran progreso se ha logrado este año para alcanzar la solución del 100% a la crisis de aguas residuales del río Tijuana, pero todo habría sido en vano si no tomamos los pasos apropiados para tener en cuenta el inevitable crecimiento poblacional de Tijuana y áreas circundantes. Eso es lo que la Minuta 333 logra”
El acuerdo establece que no requerirá financiamiento adicional de contribuyentes estadounidenses, incluidos los proyectos del lado mexicano. Entre las acciones acordadas se encuentran:
La creación de una cuenta de operación y mantenimiento en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) que apartará una porción de futuros fondos proporcionados a México para costos futuros de operación y mantenimiento, con recomendaciones que vencen en 12 meses.
