(09 de octubre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace unas horas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y reforma las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
¿De qué trata?
En el artículo 17 se establece que “la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos queda prohibida en las siguientes materias:” salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública.
Esta modificación implica que los entes públicos de la administración pública federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto.
Los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Además, que para ocupar cualquier cargo público las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos intereses económicos particulares relacionados con la materia del encargo al que aspiran y que impliquen un conflicto de interés, conforme a lo referido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Secretaría de la Función Pública celebra decisión
Tras la noticia, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana por el pleno de la Cámara de Diputados, la cual fue empujada desde la dependencia a su cargo.
Explicó que ésta, “busca frenar los derroches burocráticos del gobierno, ampliar la cobertura progresiva de los derechos sociales y prevenir el conflicto de interés y combatir la corrupción”.
De acuerdo con la funcionaria, estas medidas, que ya aplica el Gobierno de México, han generado resultados, como la devolución de 8 mil 338 plazas de mando y enlace, la reducción de 30% en el costo de mil 928 plazas de gabinete de apoyo y la desaparición de 629 direcciones generales adjuntas.
Aseveró que “la adopción por el Congreso de la Unión de principios impulsados por la Función Pública que garantizan una administración pública sin gastos superfluos, ni privilegios en los altos mandos de la esfera gubernamental, y con una reorientación de los recursos a los programas sociales y de bienestar, al desarrollo y a la atención de los sectores más vulnerables”.
Con su aplicación, la Ley Federal de Austeridad Republicana generará ahorros presupuestarios que se podrán destinar a programas integrales de bienestar y proyectos de desarrollo comprometidos por el Gobierno de México y, de manera transparente y conforme al marco legal, a los programas contemplados por el Plan Nacional de Desarrollo.
Los entes políticos, únicamente podrán contar con secretario particular los titulares de dependencias o entidades y sólo se permitirá contar con chofer a secretarios y subsecretarios de Estado.
No podrán comprar o arrendar vehículos de lujo, y en caso de requerirse uno de modelo específico para desarrollar tareas indispensables para el área de la que se trate, su adquisición se realizará previa justificación.
Queda prohibida la adquisición y renta de equipos y sistemas de cómputo sin justificación. Asimismo, elimina privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva y, principalmente, evita los gastos superfluos e innecesarios, reorientando el gasto a las funciones sustantivas del Estado, como la prestación de servicios y la protección de derechos sociales, sin crear más burocracia.
En el caso de la contratación de consultorías, estudios o investigaciones, éstas se realizarán exclusivamente cuando no puedan realizarse por servidoras y servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.
La ley aprobada también establece que el gasto en propaganda o publicidad oficial se ajustará a lo estrictamente indispensable para cumplir con los fines informativos necesarios. Además, a excepción de las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia, se prohíbe las delegaciones en el extranjero y deja el resto de las representaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cabe recordar que la nueva ley prohíbe, de manera expresa, que las medidas de austeridad afecten negativamente los derechos sociales de la población mexicana previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados por México, como la educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente, así como los derechos de los pueblos indígenas.
El documento, avalado en lo general y en lo particular fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.+
