(24 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) –órgano desconcentrado que tiene entre sus facultades el tratamiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados demandadas por migrantes que ingresan a territorio mexicano- de mil 383 solicitudes de asilo presentadas entre enero y agosto de este año, únicamente fueron otorgadas 298; es decir, apenas el 21.5 % del total de las peticiones.
Según informes de diversas organizaciones sociales, con la implementación del Programa Frontera Sur –impulsado por el gobierno de Peña Nieto, y que dio inicio en julio del 2014- el Instituto Nacional de Migración (INM) incrementó, entre julio de 2014 y junio de este año, hasta 70% los operativos de detención o contención de la migración en la frontera sur que nuestro país comparte con Centroamérica.
Los análisis señalan que aunque el INM es coadyuvante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los hechos, esta instancia que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), al mando de Miguel Ángel Osorio Chong, no lleva a cabo la identificación de las personas que solicitan asilo, con lo que se viola el derecho al debido proceso de quienes realizan este trámite.
Datos del Departamento de Estado de la Unión Americana indican que desde el año pasado, ha enviado a nuestro país al menos 86 millones de dólares como parte del apoyo a la estrategia implementada en la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala.
Y en lo que va del año fiscal 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó enviar a México 68 millones de dólares en “asistencia”, para la puesta en marcha de un suporte adicional que “asegurara” la línea divisoria del sur de nuestro país; sin embargo, desde 2008, a través de la llamada “Iniciativa Mérida”, el entonces gobierno de Felipe Calderón comenzó a recibir ayuda del país del norte para el combatir el flujo ilícito de armas, drogas y personas.
Convenciones internacionales
Aunque la Convención Americana de Derechos Humanos señala, en su artículo 22, la prohibición de la expulsión colectiva de personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el carácter “colectivo” de una expulsión, implica una decisión que no pasa, necesariamente, por un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada una de las personas que participa en ella, por lo que es parte de una “arbitrariedad”.
En este marco, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana señalan que si bien los Estados tienen el poder de regular la migración, eso no implica la limitación de sus obligaciones adquiridas a través de la ratificación de tratados internacionales signados por cada nación.
En el caso particular de México, dichas obligaciones implican el cumplimiento de la Ley de Migración; la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las que se establece la prohibición de detener a la niñez y adolescencia migrante, sino también la obligatoriedad de velar por el interés superior de la misma.
Segob, la exigida
En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el legislador David Gerson García, denunció que funcionarios del INM se han asociado con la delincuencia organizada para participar en delitos como extorción, desaparición y homicidio de personas que transitan por territorio mexicano en búsqueda del llamado “sueño americano”, como lo han señalado los mismos migrantes.
Gerson recordó que aunque la política de asilo en México era reconocida en todo el mundo, “resulta increíble que en tan solo tres años, México haya deportado más migrantes centroamericanos que los propios Estados Unidos. Las organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos han estimado que esta política de persecución constituye un instrumento del gigante norteamericano, haciendo el trabajo sucio y violando de manera flagrante todo tratado internacional y toda legislación nacional en la materia”.
“Son los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes han sido señalados por los propios migrantes, de ser delincuentes, de la peor especie, de aquellos delincuentes que se aprovechan de la necesidad de los que más necesitan. Nos asombramos y condenamos la situación de los migrantes sirios en Europa, la muerte de los africanos que arriban a Grecia e Italia, de los niños que han muerto ahogados. Pero nuestros agentes migratorios no son los mejores. Sin embargo, los migrantes centroamericanos pueden considerarse afortunados si únicamente son agredidos por los agentes migratorios”, sostuvo el perredista.
Agregó que cifras del mismo INM y de Departamento de Protección a Fronteras de los Estados Unidos apuntan a que en nuestro país, fueron deportados cerca de 93 mil migrantes; es decir, 23 mil más que los deportados por la unión americana.
El legislador recordó que en el marco de la Ley de Migración, que establece como principios de la política migratoria el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, el Estado mexicano debería, por congruencia, garantizar la vigencia de los que se reclaman para nuestros connacionales en el exterior.
Gerson García subrayó que al menos 70% de mujeres centroamericanas sufren una agresión sexual en su paso por México, por lo que se ven obligadas a tomar medicamentos para prevenir embarazos no deseados y que en regiones como Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, “se cometen cinco asesinatos de mujeres, que son abandonadas en una brecha en la frontera con Comalapa”.
