Pese a que pocos nombres se conocen, varios ex funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) han visitado a sus abogados ante la posibilidad de que sean citados a declarar por parte de la Fiscalía General de la República.
Según información de Eje Central, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero esta muy contento por los resultados que está dando su grupo de investigaciones y que tiene como finalidad de detectar las anomalías cometidas bajo la dirección de Benito Neme Sastré.
Anteriormente se dio a conocer que el Órgano Interno de Control (OIC) detectó que Benito Neme realizó un contrato de outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales Trujillo Romano lo que ocasionó un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.
Fernández Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas de Capufe, fueron los que firmaron el contrato con el representante del outsourcing motivo por el que los dos son investigados “por concepto de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”
Mientras que en agosto de 2014, comenzaron los problemas de miles de automovilistas que no podían pagar sus telepeajes vía tarjetas o tags en las vías de comunicación del país.
El problema ocasionó del cambio del sistema de cobro electrónico en autopistas federales, el cual fue finalmente entregado por parte de Capufe al consorcio Telepeaje Dinámico, integrado por la empresa Impulsora de Servicios Terrestres.
Las irregularidades y el probable daño patrimonial que se presentaron durante el proceso de licitación, la asignación del contrato y su ejercicio, se documentó y fue evidenciado por la testigo social Mónica María del Rosario Barrera Rivera.
El daño patrimonial fue debido a que se entregó el consorcio a la empresa que cobraba más caro por lo que se dirigió un informe a Antonio Cárdenas Arroyo, jefe de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Función Pública; a Eduardo Lavín, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de Capufe, y a Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de esa dependencia.
Sin embargo, la testigo social también copió al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; al subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta, y a funcionarios de Banobras, Hacienda y otras áreas de Capufe. Ninguna de esas dependencias inició algún procedimiento.
ccca.
