(22 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- En octubre de 2009, durante una escena captada por una televisora de Tijuana, se pudo observar el entonces Teniente Coronel Julián Leyzaola, caminó hacia un vehículo que trasladó el cuerpo de un presunto sicario que perdió la vida a manos de la policía, lo observó y antes de retirarse le asestó un golpe al cadáver, con un rostro que reflejaba enojo. “El que se quiera enfrentar, pues se enfrenta y ahí se queda. Esa es la estrategia operativa”, afirmó meses después de aquella escena.
El 5 de noviembre de 2009, familiares de policías municipales de Tijuana víctimas de tortura perpetrada por sus jefes policíacos, Julián Leyzaola y Gustavo Huerta, y por militares, acompañados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Audiencia Pública celebrada en Washington, D.C.
“Las acciones orquestadas por Leyzaola tuvieron repercusiones graves al interior de la policía municipal de Tijuana. La mayor de ellas sucedió en 2009, cuando más de 50 agentes murieron tiroteados. De acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Leyzaola ordenó en respuesta una cacería.
Sus elementos operaron al margen de la ley, algunos encapuchados vestidos de civil, en autos sin matrícula, irrumpiendo sin orden judicial a domicilios de sospechosos para posteriormente entregarlos a militares y torturarlos hasta declararse culpables”, informó un documento respaldado por organizaciones defensoras de Derechos Humanos y entregado a Revolución TRESPUNTOCERO.
En 2009 y 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió quejas en las que se señalaron como agraviados dos ciudadanos y 23 elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, que dieron origen al expediente CNDH/2/2009/1399/Q, en el cual se denunciaron violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la libertad personal, por hechos violatorios consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados contra la libertad sexual.
El testimonio de una de las víctimas, describió que, “le vendaron los ojos y la sometieron a oír ruidos constantes, así como de un tipo de intromisión física y psicológica distinta, vinculada al hecho de ser mujer. Hubo tocamientos en los senos e insultos de índole sexual, conductas que afectaron su integridad física, psicológica y su libertad sexual”. La CNDH señaló que estas violaciones se dieron en un contexto no sólo de detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación, sino que paralelamente escuchaba el maltrato infringido a sus compañeros.
En aquella recomendación la CNDH señaló que las víctimas declararon que sus jefes, Julián Leyzaola y Gustavo Huerta, se encontraban presentes durante las sesiones de tortura en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de la II Zona Militar en Tijuana, de acuerdo al documento en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Una recomendación más, la 04/2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH) se responsabilizó de lesiones y detención arbitraria a policías municipales bajo el mando de Julián Leyzaola, en contra de una persona del sexo masculino y sus dos hijos, uno de ellos de 15 años de edad.
Las recomendaciones continuaron, al año siguiente se emitió la 06/2010 de la PDH, en la que se responsabilizó a personal y directamente a Julián Leyzaola, a personas encapuchadas y a militares, de torturar a cinco personas acusadas de “mata policías”, primero, en el “Bunker” de la Comandancia de policía municipal llamado “La Ocho”, y luego en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería de Tijuana.
Se registró que posteriormente, fueron arraigados en un hotel en Tijuana. En el numeral 6 de la Recomendación, la PDH solicitó al entonces presidente municipal Jorge Ramos la remoción de Julián Leyzaola y dos agentes más. La Recomendación no fue aceptada por Jorge Ramos. Por lo que los quejosos recurrieron a la CNDH en recurso de impugnación.
Cabe señalar que uno de los acusados de matar policías declaró en agosto de 2009 durante su arraigo, no sólo haber visto a Julián Leyzaola torturar a los detenidos, sino que lo señaló como uno de sus torturadores.
“Leyzaola se colocó un guante negro en la mano (como era su costumbre para golpear personalmente a policías y civiles detenidos) y ordenó que me ataran de pies y manos”; dijo que “intentó asfixiarlo con una bolsa de plástico al tiempo que le soltaban descargas eléctricas en las piernas. Así transcurrieron cinco horas, más o menos”, recordó la víctima en su denuncia.
En abril de 2011, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional exhortaron al gobierno mexicano a investigar la desaparición forzada de cinco personas en Ciudad Juárez por policías municipales; tiempo después se encontró a cuatro de ellas ejecutadas y a una con vida (que derivó en la Recomendación 12/2015 de la CNDH). Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública municipal, fue responsabilizado de negar información sobre la detención de las cinco personas y de no haber arrestado a los policías responsables.
También llegó la Recomendación 10/2011 de la PDH, en la que se responsabilizó nuevamente a Julián Leyzaola y a su segundo en el mando, Capitán Gustavo Huerta, de torturar a 4 policías municipales de Tijuana en el “Bunker” ubicado en la Comandancia policial.
Las denuncias por tortura en contra del entonces Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, no se detuvieron y hasta ahora se han contabilizado 19, todas éstas provenientes de actos de tortura.
Cuatro recomendaciones fueron enviadas en 2012; tres más en 2013; dos en 2014; cuatro más llegaron en 2015; Para 2016, se emitió la Recomendación 23/2016 de la CEDH-Chih por tortura y violaciones a los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la legalidad y a la seguridad jurídica.
En el informe justificado rendido por el entonces Secretario de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez, Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez (15 de mayo de 2013), se negaron los hechos que derivaron en las violaciones a los derechos humanos señaladas, cometidas por personal a su cargo.
Se mencionó en el mismo documento que, en casi todos los allanamientos y detenciones arbitrarias cometidos por los policías municipales de Tijuana y Ciudad Juárez durante la gestión de Julián Leyzaola, además de las violaciones graves documentadas, los organismos públicos de protección acreditaron que a las víctimas les fueron sembradas evidencias (drogas y/o armas de uso exclusivo del ejército), fueron presentadas ante el Ministerio Público y se les exhibió ante los medios de comunicación con evidentes huellas de tortura.
Para este 2018, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos tanto locales como nacionales, observan con preocupación la posibilidad que Julián Leyzaola pueda obtener una candidatura para una diputación federal por el distrito 8 en Tijuana, espacio que ha sido reservado para el Partido Encuentro Social (PES), dentro de la coalición Juntos Haremos Historia.
“Ante los graves antecedentes de tortura, que no son simples denuncias sino que están documentadas y respaldadas por organismos defensores de derechos humanos, e incluso existen casos donde las personas torturas e inculpadas por delitos que no cometieron probaron su inocencia, nos preocupa que sea un perfil así el que represente a nuestra región”, han señalado a este medio miembros de organizaciones.
A su vez, han mencionado que de obtener la candidatura y después la diputación podría tener mayor visibilidad “para desde ahí iniciar una campaña con miras a alcanzar la presidencia municipal, aunque se encuentra inhabilitado por ocho años -de los cuales le faltan varios- para ocupar cargos públicos locales, derivado de los casos de tortura, sin embargo ha dicho que con un amparo puede lograr sortear ese obstáculo”, mencionan.
