(05 de noviembre, 2013).- Horas después de las manifestaciones que acompañaron la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, Marcelo Ebrard –aún jefe de Gobierno del Distrito Federal– dijo en conferencia de prensa que se había apresado a 65 personas, “[Un grupo] se ha dedicado en las últimas horas a crear en la ciudad vandalismo, a destruir bienes de propiedad privada y pública y a cometer delitos”.
El video con la declaración de Ebrard, junto a los autos de libertad de los 12 jóvenes aprehendidos y la recomendación 7-2013 hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), componen el grueso de pruebas que se presentarán en sustento de la demanda patrimonial y moral presentada el cinco de noviembre contra la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF y la Secretaría de Seguridad Pública.
Ramón Ramos Lomelí, abogado de los demandantes, enfatiza “nunca se probó que fueran vándalos, mientras que sí se documentó que fueron detenciones arbitrarias, violatorias de sus derechos humanos”.
La demanda busca la restitución máxima patrimonial contemplada, 670 mil pesos por persona, a la que debe sumarse la restitución del daño moral, que es incuantificable.
El inicio del proceso burocrático en la Contraloría del DF se debe a la nula respuesta por parte de las autoridades, a pesar de que hace cinco meses –el 10 de mayo de 2013– aceptaron las recomendaciones de la CDHDF, las mismas que la tarde hoy se presentaron como prueba para que sea reconocido “el derecho a la indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno del DF”, tal como se estipula en la ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.
“Nos indigna”, dice Rita Emilia Neri Moctezuma, una de las demandantes, al ver un panorama que se repite: “En al menos tres ocasiones posteriores al primero de diciembre vemos casos como el nuestro”. Rita se refiere a detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y a jóvenes, periodistas que se enfrentan a procesos legales por salir a manifestarse.
A Rita, su paso por el penal Santa Martha Acatitla le interrumpió sus estudios como enfermera, su servicio social, y le heredó miedo, “claro, se siente un poco. No sabes si van a haber represalias contra nosotros, si esto va afectarnos aún más nuestro historial para conseguir empleo, nuestra vida cotidiana”.
El 1 de diciembre de 2012 fueron detenidas más de 100 personas. A 55 se les dictó auto de libertad y salieron libres el 9 de diciembre, mientras 14 fueron sometidas a proceso judicial. Actualmente sólo el proceso de una persona -Rita Neri Moctezuma- ha concluido a favor de la joven enfermera, siendo declarada inocente; el proceso sigue vigente para las demás.
