Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud en Jalisco fue detenido ayer miércoles en su domicilio por policías de la Fiscalía Anticorrupción del Estado para ser llevado a declarar ante un juez en Puente Grande luego de que fue citado un par de ocasiones anteriores y no compareció según dijo por estar enfermo.
Pese a que su abogado presentó una suspensión provisional entregada por juzgados federales, personal de la Fiscalía lo esposó y se lo llevó primero a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de donde sería enviado más tarde a los juzgados penales de Puente Grande a cumplir la audiencia de vinculación a la que no había asistido.
Lo anterior para que rindiera declaración ante las acusaciones hechas en su contra, en las que se le señala por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, durante su gestión en la administración pasada.
La audiencia, en la cual se pretendía llevar a cabo la formulación de imputación, dio inicio a las 22:06 hora y una vez escuchadas las acusaciones hechas en contra de Cruces Mada, su abogado, Luis Campos Carriedo, solicitó se cumplimentará el mandato federal, mediante el cual se pretendía dejarlo en libertad.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que aunque no existe interés político ni algún tipo de venganza al tratarse de un funcionario de la pasada administración encabezada por el gobernador priista Aristóteles Sandoval.
“No quiero politizar este tema, no tengo ánimos de venganza con nadie, simplemente lo que me gustaría es que en Jalisco se aplicara la máxima de que quién la hace la paga”, dijo Alfaro.
Se congratuló que el Sistema Estatal Anticorrupción “empiece a dar resultados” tras las denuncias presentadas, pero que aunque él cree que existen elementos para vincularlo a proceso será el Poder Judicial quien determine si el ex secretario tiene algún delito que compurgar.
Cabe mencionar que el titular de Fiscalía Anticorrupción anteriormente ya había informado que a Cruces Mada se le vincula a 12 carpetas de investigación por distintos delitos, las cuales suman un monto superior a los 605 millones de pesos.
